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Un combatiente talibán junto a una carretera en Kunduz, norte de Afganistán

Un combatiente talibán junto a una carretera en Kunduz, norte de AfganistánHoshang Hashimi / AFP

Afganistán

Human Rights Watch denuncia la brutal campaña asesina del régimen talibán

Un documento de 25 páginas revela la investigación de la organización humanitaria sobre los abusos a miembros del antiguo Gobierno afgano

Más de 100 oficiales del antiguo régimen afgano han sido asesinados por los talibanes, o se encuentran desparecidos desde el golpe de Estado de agosto de 2021. Un informe de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) detalla el horror de los abusos.

Según el documento de 25 páginas publicado por HRW, la Administración talibán ya ha llevado a cabo más de 100 «asesinatos selectivos» y desapariciones en cuatro provincias: Ghazni, Helmand, Kunduz y Kandahar.

La organización cuenta que los talibanes han obligado a los miembros del antiguo Gobierno, que se hubieran entregado, a registrar una carta que garantizaría su seguridad. Tal documento incluía detalles personales como direcciones de residencia o nombres de parientes. Los fundamentalistas utilizaron esa información para detener y ejecutar o «hacer desaparecer» a los individuos, días después de su registro.

Human Rights Watch explica también como el nuevo régimen utiliza registros de empleo olvidados por el antiguo Gobierno para identificar a personas para detenerlas o ejecutarlas.

«La amnistía que prometieron los líderes talibanes no ha impedido a sus comandantes locales ejecutar o eliminar a antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad Aafganas», comenta Patricia Gossman, directora en Asia de la organización humanitaria.

«Es responsabilidad del los islamistas prevenir nuevos asesinatos, condenar a los culpables, y compensar a las familias de las víctimas», añadió Gossman.

El grupo fundamentalista tomó el control de Afganistán el pasado agosto, momento en el que Estados Unidos retiraba sus tropas del territorio, tras 20 años de guerra. Al destituir el Gobierno de Ashraf Ghani, los nuevos gobernantes aseguraron a los empleados que estarían a salvo bajo un tratado de amnistía general hacia aquellos que hubieran trabajado para la Policía, la Armada, u otras ramas del Estado.

Sin embargo, el nuevo régimen no cumplió su promesa y, como detalla el informe de HRW, tienen desde entonces un proyecto de exterminación y violencia hacia los miembros de la Administración de Ghani.

No es algo que sorprenda a la comunidad internacional; el grupo es responsable de una larga y sangrienta campaña de asesinatos en los 18 meses previos a su golpe de Estado en agosto. Sus principales víctimas fueron jueces, periodistas, y activistas pacifistas. Los analistas consideran la campaña como una forma de eliminar a futuros críticos de cara a su retorno al poder, y de instaurar el miedo en los supervivientes.

El primer ministro de Afganistán, Mohammed Hassan Akhund, niega públicamente cualquier iniciativa de asesinatos.

Cuando los talibanes tomaron el control, «prometieron amnistía para todos. ¿Ha habido algún ejemplo de retaliación? No hay ningún problema para nadie», sentencia.

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