Vista del exterior de la sede de 'Casa España' en Managua
Nicaragua
La dictadura de Daniel Ortega arremete contra la Asociación Española Nicaragüense
El cambio de régimen legal de la oenegé, fundada en 1969 por ciudadanos españoles, se da en medio de la ilegalización de otras 187 oenegés locales
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por los sandinistas, canceló hoy la personalidad jurídica a la Asociación Española Nicaragüense, conocida como Casa España, y a otros cuatro clubes similares, aunque las autorizó a seguir operando como régimen jurídico mercantil.
Por 77 de votos a favor, 11 abstenciones y tres ausentes, de los 91 legisladores que integran el Parlamento, los diputados sandinistas y sus aliados aprobaron con carácter urgente la Ley Especial para el cambio de Régimen de Personas Jurídicas, propuesta por el titular del Congreso, el oficialista Gustavo Porras.
Además de la Asociación Española Nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega cambió de oenegé a sociedad mercantil a la Asociación Club Terraza, el más selecto de Nicaragua del cual son socios algunas de las personas más ricas del país, lo mismo que a la Asociación Nejapa Country Club, propietaria de uno de los campos de golf más reconocidos; el Country Club de Chinandega, y la Asociación Centro Ecuestre Cocibolca.
La iniciativa de Porras, quien fue sancionado por la Unión Europea por «abusos o violaciones de derechos humanos y la represión a la sociedad civil», fue aprobada dos meses después de que la Asociación Española Nicaragüense anunciara el «cierre temporal» del club, una propiedad ubicada en las afueras de Managua, según dijo, por «indicaciones» del Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
El cambio de régimen legal a la Asociación Española Nicaragüense, fundada en 1969 por ciudadanos españoles, así como el de las otras cuatro asociaciones, se da también en medio de la ilegalización de 187 oenegés locales desde diciembre de 2018.
Las oenegés en mira del régimen
Esa misma crisis ha causado roces entre los gobiernos nicaragüense y español, que en agosto pasado llamó a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras lo que consideró como «graves e infundadas acusaciones» de la Cancillería nicaragüense, que acusó a España de «intromisión» en asuntos internos, en referencia a temas de derechos humanos.
Según la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, lo cual ha sido rechazado por los afectados, entre las que se encuentran asociaciones que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento, entre otras.
La oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha criticado la ilegalización de dichas ONG.
Los nicaragüenses sufren una sistemática represión desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido fraudulentamente para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión
