China rechaza el informe de la ONU sobre sus abusos contra los uigures: «Es desinformación»

El informe de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos sobre los abusos de China contra los musulmanes de etnia uigur de la provincia de Xinjiang abre la puerta a futuras denuncias contra Pekín por crímenes contra la humanidad.

«El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes (...) puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad», se indica en el informe.

La difusión del informe, publicado 11 minutos antes de que finalizara el mandato de la comisionada Michelle Bachelet, apunta The Guardian, se retrasó después de que la ONU admitiera la petición del régimen chino de ocultar una serie de nombres y fotografías de personas cuya privacidad y seguridad podrían verse comprometidas.

Esa solicitud fue la última maniobra del régimen comunista para impedir la publicación del informe.

De hecho, el gobierno chino, por medio de su portavoz del ministerio de Exteriores, rechazó las conclusiones del informe que definió como un producto «fabricado por Estados Unidos» y aseguró que «es totalmente inválido».

En ese sentido, para Pekín el informe es «una mezcla de desinformación y una herramienta política» para perjudicar a China.

Además, China ha contraatacado con la publicación de un contrainforme donde justifica su «acción antiterrorista» en Xinjiang para «desradicalizar» a la población musulmana, además de definir los centros de tortura y retención como «centros de formación y educación vocacional».

En declaraciones recogidas por The Guardian, el portavoz de la organización defensora de los derechos de los uigures, Uyghur Human Rights Project, Omer Kanat, mostró su satisfacción por la publicación del informe.

«A pesar de las enérgicas negativas del gobierno chino, la ONU reconoce por fin oficialmente que están ocurriendo estos horribles crímenes», afirmó.

Según aparece demostrado en el informe, China internó durante los últimos cinco años a un millón de uigures, y a personas de otras minorías, en campos de concentración descritos como «escuelas de formación profesional».

Tras trascender la existencia de estos centros, y ante las presiones internacionales, China cerró varios de estos centros y trató de borrar las huellas de sus crímenes.

Sin embargo, todavía hay cientos de miles de personas encarceladas. Los presos, detenidos e internados en los campos sin que exista una acusación concreta, y menos una condena, son sometidos a torturas, violaciones y esterilizaciones.

Las autoridades chinas también han obligado a mujeres a abortar, han destruido zonas residenciales y mezquitas.

En ese sentido, el informe hace hincapié en que «se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de estrategias contra el terrorismo y el extremismo por parte del gobierno».

Asimismo, exige al gobierno chino a que libere «a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad y aclarar urgentemente el paradero de las personas cuyas familias han estado buscando información sobre sus seres queridos».