Daniel Ortega. Diáz-Canel, Nicolás Maduro, López Obrador y Pedro Castillo
El Grupo IDEA advierte sobre las interferencias en la Justicia por parte de los Gobiernos en Hispanoamérica
Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa defienden el «acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de derecho»
Hispanoamérica lleva años sufriendo una acuciante regresión democrática, es por ello que la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) ha querido advertir sobre la interferencia de los Gobiernos en la Justicia.
Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de IDEA denuncian el comportamiento desplegado por varios Ejecutivos en Hispanoamérica. La Iniciativa, explican en un comunicado, considera su deber enfatizar el compromiso de los Estados Americanos con la Justicia, la democracia y el Estado de derecho tal como lo específica la Carta Democrática Interamericana.
La nota subraya que no es aceptable que en el continente se condicione el tratamiento de los casos de corrupción. «Absolver a seguidores o condenar, sin debido proceso, a adversarios; procurar interferencias ilegales en la esfera privada de las comunicaciones; ni confiscar los bienes de aquellos a quienes los gobiernos estimen como enemigos, o para reescribir las historias políticas según el sesgo de los gobiernos de turno», señalan.
Los integrantes de IDEA se acogen a la Carta Democrática Interamericana y defienden que son elementos esenciales de la democracia «el acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de derecho» y «la separación e independencia de los poderes públicos».
En su Opinión Consultiva OC-28, adoptada con la participación del Grupo IDEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó, claramente, que «el juego democrático solamente es posible si todas las partes respetan los límites impuestos por la ley, que permiten la propia existencia de la democracia».
De modo que, la banalización de dichos estándares –columnas sobre las que se apoya toda democracia constitucional– destruye de raíz la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y la seguridad jurídica; sin las cuales ninguna persona natural o jurídica, incluidas las que movilizan inversiones públicas para asegurar el bienestar de la región, tienen garantizados los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.
