El primer ministro de Japón, Fumio Kishida
El primer ministro de Japón remodela su Ejecutivo tras verse salpicado por un escándalo de cobros ilícitos
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se ha visto obligado a remodelar su Gobierno después de que cuatro ministros dimitieran tras ser investigados por supuestos cobros en negro. Kishida busca limpiar así la imagen de su Gabinete y de su partido.
El mandatario nipón ha anunciado hoy el nombre de los cuatro nuevos titulares en reemplazo de los que habían renunciado a sus carteras. El mandatario afronta su momento más difícil desde que llegó al cargo hace más de dos años debido a la investigación abierta por la fiscalía sobre los supuestos ingresos sin declarar de figuras de peso del Ejecutivo y del partido gobernante, un caso cuyas consecuencias también pueden complicar su continuidad como primer ministro.
Los ministros que abandonan el Gabinete son el portavoz y número dos del Gobierno, Hirokazu Matsuno; el ministro de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura; el titular de Interior, Junji Suzuki, y el de Agricultura, Ichiro Miyashita.
«He presentado mi dimisión ante Kishida para evitar problemas en el desarrollo de la política nacional», declaró Matsuno en una rueda de prensa tras formalizarse las renuncias ministeriales, en la que dijo ser consciente de «la desconfianza del público hacia la política» que están generando las informaciones sobre el caso.
El sustituto de Matsuno como portavoz es el excanciller Yoshimasa Hayashi, mientras que el exministro de Justicia Ken Saito será nuevo titular de la importante cartera de Economía, Comercio e Industria.
El exministro del Interior Takeaki Matsumoto regresa al puesto tras ser sustituido en la remodelación del Gabinete del pasado septiembre, y el exministro encargado de declive demográfico y otros retos sociales Tetsushi Sakamoto pasaría a ocupar la cartera de Agricultura.
Los ministros salientes están siendo investigados por una serie de ingresos sin declarar procedentes de eventos de recaudación de fondos organizados por facciones –subgrupos políticos– del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).
Los cobros en negro ascenderían al menos a 500 millones de yenes (unos 3,2 millones de euros) y fueron distribuidos entre docenas de miembros de una de las principales facciones del PLD, según los detalles del caso publicados por los medios locales.
Los cuatro ministros que dejan el Ejecutivo formaban parte de esa misma facción, denominada Seiwaken y que en su día dirigió el exmandatario nipón Shinzo Abe, fallecido en un atentado en 2022.
Además de los cuatro ministros sustituidos, hay otros 'barones' del PLD salpicados por las irregularidades como el secretario general del partido en la Cámara Alta, Hiroshige Seko, el jefe de estrategia política, Koichi Hagiuda, o la exministra olímpica Seiko Hashimoto.
Las sospechas se extienden también a otras cuatro facciones del PLD, entre ellas la que lideraba el propio Kishida, quien por ahora no está siendo investigado en el marco del caso, y que aún así decidió renunciar a la presidencia de esa subagrupación política para tratar de desmarcarse del escándalo.
El actual líder japonés tiene mandato hasta octubre de 2025, pero un año antes deberá afrontar unas primarias en su partido.
La tasa de aprobación popular de Kishida se sitúa en el 23 %, la más baja desde que llegó al cargo en octubre de 2021, según la última encuesta de la cadena estatal NHK.
