La defensa de Le Pen pide la absolución y trata de evitar su inhabilitación para cargos públicos

Marine Le Pen, líder de la derecha francesa, cerró este miércoles su defensa en el juicio por presunta financiación irregular de su partido, enfrentándose a una posible inhabilitación que podría marcar el final de su carrera política. Durante el último día del proceso, celebrado en el Tribunal Correccional de París, su abogado, Rodolphe Bosselut, solicitó la absolución de su clienta y calificó de «injusta y desproporcionada» la solicitud de la Fiscalía, que pide para Le Pen cinco años de inhabilitación inmediata, además de prisión y multa.

El tribunal ha fijado el 31 de marzo de 2024 como fecha para comunicar la sentencia. Hasta entonces, Le Pen ha asegurado que el proceso judicial tendrá «cero consecuencias políticas» y que continuará con su agenda, incluyendo su amenaza de presentar una moción de censura contra el Gobierno de Michel Barnier si no se modifica el proyecto de presupuestos. «Es falso que mis decisiones políticas estén condicionadas por este juicio», declaró a la prensa.

La Fiscalía acusa a Le Pen de malversación de fondos públicos y complicidad en ese delito, alegando que cuatro asistentes parlamentarios, pagados por el Parlamento Europeo, trabajaron en realidad para su partido, entonces conocido como Frente Nacional (hoy Agrupación Nacional). Según la acusación, este uso indebido de recursos tuvo lugar entre 2004 y 2016. Por ello, además de la inhabilitación, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel (dos de cumplimiento firme) y una multa de 300.000 euros.

Bosselut centró su defensa en desacreditar la aplicación retroactiva de la ley «Sapin 2», promulgada en 2016, que establece la inhabilitación automática para políticos condenados por delitos relacionados con su cargo público. Según el abogado, imponer la inhabilitación inmediata sin posibilidad de recurso sería «irreparable» tanto para su clienta como para los 13 millones de votantes que la respaldaron en las presidenciales de 2022. Además, argumentó que el uso de asistentes parlamentarios para actividades partidistas era una práctica habitual en formaciones similares de toda Europa y que no hubo intención fraudulenta.

Ninguno de los otros 26 acusados quiso tomar la palabra al cierre del juicio. Bosselut, por su parte, concluyó pidiendo al tribunal que no castigue a Le Pen «por el apellido que lleva» ni por su papel político.

El proceso pone en juego no solo el futuro judicial de Marine Le Pen, sino también su capacidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, una posibilidad que, de verse truncada, podría redibujar el panorama político francés.