El dictador socialista venezolano, Nicolás Maduro
Venezuela aprueba una ley que promueve 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones
Además de las penas de cárcel y las multas económicas, la ley establece inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para quienes sean declarados culpables
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó este jueves una controvertida ley que contempla penas de prisión de entre 25 y 30 años, así como multas de hasta un millón de euros, para aquellos que promuevan o participen en sanciones internacionales contra el Gobierno y las «autoridades» del Estado.
La norma, denominada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, deberá ser ratificada por el presidente Nicolás Maduro para entrar en vigor.
Además de las penas de cárcel y las multas económicas, la ley establece inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para quienes sean declarados culpables. Esta medida impedirá a los condenados ejercer cargos públicos o presentarse como candidatos en elecciones, cerrando aún más el espacio para la oposición política en el país.
El chavismo justifica la ley como una respuesta a las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros, especialmente por Estados Unidos y la Unión Europea, que acusan al régimen de violaciones a los derechos humanos y prácticas antidemocráticas. Según la narrativa oficialista, estas medidas externas son parte de un «bloqueo imperialista» que atenta contra la soberanía y el desarrollo de Venezuela.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han criticado duramente esta ley, calificándola como una herramienta para silenciar a disidentes y criminalizar la colaboración con la comunidad internacional. Líderes opositores señalan que la norma busca intimidar a quienes trabajan en alianzas internacionales para denunciar abusos del régimen de Maduro.
La inhabilitación política por un periodo tan extenso también ha sido vista como un mecanismo para desarticular a la oposición en el mediano y largo plazo, en un contexto donde el oficialismo ya controla la mayoría de las instituciones del país.
La aprobación de esta ley ocurre en un momento de aislamiento creciente para el Gobierno venezolano, que enfrenta más de 900 sanciones impuestas por diversas naciones y organismos internacionales. Estas sanciones están dirigidas a altos funcionarios, empresas estatales, y sectores económicos estratégicos como el petróleo, pilar de la economía venezolana.
Mientras tanto, la situación interna sigue marcada por una profunda crisis económica y social, con altos niveles de pobreza, migración masiva y deterioro de servicios básicos. En este contexto, la nueva ley podría exacerbar las tensiones políticas y ahondar las divisiones entre el oficialismo y la oposición.
