Uno de los radares afectados por la decisión
Sanciones
El insólito radar que tuvieron que inutilizar por poner demasiadas multas
Los hechos han costado una sanción de casi medio millón de euros al actual Ayuntamiento de la localidad tras una sentencia judicial
De unos años a esta parte es habitual que los ayuntamientos externalicen el servicio de multas, para ello contratan los servicios de una empresa que o bien se encarga tan sólo del cobro de las sanciones o de todo el proceso, desde la colocación y el mantenimiento del radar hasta la recaudación.
Los ayuntamientos españoles han descubierto en las multas una vía de financiación extraordinaria que les permite aliviar sus maltrechos presupuestos. Desde las Zonas de Bajas Emisiones hasta los excesos de velocidad… todo vale.
Financiación vía multas
Los precedentes se esta noticia se remontan al año 2014, cuando el por entonces alcalde de Lérida del PSC, Ángel Ros, llegaba a un acuerdo con la empresa Arnó para que le gestionara las multas entre los años 2013 y 2019, incluyendo un nuevo radar de velocidad que iba embarcado en los coches de la Policía Municipal.
La Policía Municipal de Lérida fue la primera sorprendida
El éxito de esta empresa fue tal que en 2014, en pleno año electoral, el alcalde decidió levantar el pie de las sanciones y dejar de tramitarlas. En este caso la empresa adjudicataria Arnó llevó al Ayuntamiento a los tribunales, pues lógicamente sus ingresos vienen del cobro de comisiones de las sanciones. En ocasiones van al 50 %.
Nada de semáforos en rojo
El alcalde decidió hacer un uso mínimo de los radares de velocidad y tramitar sólo las sanciones de velocidad por encima de 65 kilómetros/hora en zonas de 50 km/h. Los tribunales acaban de hacer pública la sentencia y no ha sentado muy bien en el Consistorio.
En paralelo tampoco tramitaba ninguna de las sanciones de la cámara que controla un semáforo para que los conductores no se lo pasen en rojo.
Los primeros sorprendidos por la no tramitación de las multas fueron los agentes de la Guardia Urbana
Frente al millón de euros que pedía la empresa adjudicataria por las pérdidas derivadas de la no gestión de las multas, finalmente la sentencia condena al Ayuntamiento a pagar 442.000 euros a la empresa, 142.000 este mismo ejercicio y 300.000 el año que viene.
Una sentencia que acepta el actual alcalde del PSC, Félix Larroza, aunque sea un duro mazazo para la economía de la localidad que se va a ver obligada a endeudarse con carácter inmediato.
