Sanciones
Las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid en el aire, una nueva sentencia cuestiona la validez de las multas
El dictamen judicial deja en el aire miles de multas por circular por las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid con la etiqueta medioambiental equivocada
Los tribunales parecen no comulgar con las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid, en este caso una nueva sentencia judicial desautoriza al Ayuntamiento, aunque se ciñe a la ubicación de una de las cámaras que controla a una de las zonas de restricciones y a las miles de multas que pone cada día.
En concreto, se trata de la cámara que controla el acceso a la zona de Bajas Emisiones de Especial Protección de Plaza Elíptica, en su momento era responsable hasta del 80 % de las infracciones que se ponían en Madrid por no respetar el acceso a estas zonas de circulación restringida.
No tiene competencias
La cámara controla las matrículas de los coches que acceden a esta zona protegida por la A-42, conocida como la carretera de Toledo, identificando a todos los vehículos que acceden con la etiqueta equivocada.
Tal y como indica Automovilistas Europeos Asociados en su recurso en el Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid, ninguna de las multas debe ser considerada válida, pues la cámara está colocada en una carretera sobre la que el Ayuntamiento no tiene competencias, sino que la DGT ostenta la titularidad de la misma, por lo cual las multas no pueden ser consideradas válidas.
Miles de multas
Se trata de un razonamiento que el juzgado ha admitido y dado como válido, anulando la sanción de 200 euros, una sentencia que podría aplicarse a las miles de multas que esa cámara de control pone cada semana.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto más de 1,7 millones de multas entre septiembre de 2021 y febrero de 2024 por un importe de 330 millones de euros en concepto de Zonas de Bajas Emisiones.
Una cantidad de dinero que podría tener que llegar a devolver si el Supremo no admite el recurso presentado por el Ayuntamiento en respuesta a la sentencia de hace semanas que declaraba nulas las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid. Esta sentencia echa en falta un estudio económico previo de su impacto sobre la ciudad y la falta de señalización en algunas zonas.