Intromisiones judiciales

El Parlamento catalán ha aprobado, con el apoyo socialista, una norma que permite que cada centro escolar decida el porcentaje de horas de clase en castellano y catalán. La decisión vulnera la Constitución y la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que había establecido un mínimo del 25 por ciento de la enseñanza en castellano. La Constitución establece que los españoles tenemos el deber de conocer el español y el derecho a usarlo. El Parlamento catalán vulnera este derecho. Y los socialistas apoyan el desafuero inconstitucional. El poder tiene un precio, incluido el arrastrarse.

Pero lo verdaderamente maravilloso ha sido el argumento esgrimido por un dirigente separatista, creo que Rufián. Lo han hecho para evitar las «intromisiones judiciales». Esto revela el sentido del Derecho y de la función judicial que tiene la izquierda radical española (o, si se prefiere matizar, la inmensa mayoría de ella). La verdad y la justicia están en un lado, el suyo. Todo el que se opone a ellos está equivocado y es injusto. Este es su sentido de la democracia, el pluralismo y la concordia. La democracia es la dictadura de las urnas, siempre que su resultado les beneficie. En caso contrario, el pueblo se equivoca. Pero si acierta, ya no hay más que hablar, sino imponer la voluntad popular sin intromisiones. Evidentemente esto es la quiebra de la democracia liberal, la libertad, la división de poderes, el Derecho y la justicia. «Su» Rousseau (el verdadero es más complejo) debe enterrar a Montesquieu. La voluntad general mata a la división de poderes. Los jueces son entrometidos.

Nada queda para ellos del sabio y viejo sentido jurídico de los romanos. En Roma, el Derecho era algo sagrado que consistía en la búsqueda de la solución justa de los conflictos por obra de los magistrados. El Derecho busca la resolución judicial justa. Para estos indigentes jurídicos, el juez es, por el contrario, un obstáculo para sus decisiones que, además, no ha sido elegido por el pueblo. La mejor forma de evitar sus intromisiones sería suprimirlos y establecer tribunales populares. Por algo Tocqueville afirmó que el Poder Judicial constituía una de las más firmes barreras contra el despotismo democrático. Según él, ningún pueblo había establecido un Poder judicial más fuerte que el americano. El más modesto juez de una pequeña población tiene el derecho de no aplicar una ley o disposición del Gobierno por considerarla contraria a la Constitución. Intromisiones.

La izquierda se ha vuelto schmittiana, devota del decisionismo jurídico y seguidora de Carl Schmitt, el gran jurista del nacionalsocialismo para quien el Derecho y la política son pura decisión, mera expresión de la voluntad del poderoso. Y no es una paradoja: el comunismo y el nazismo son formas distintas de una misma ideología totalitaria. Afinidades electivas. La oposición estorba. El control judicial estorba. Los frenos y contrapesos al poder estorban. La mayoría es omnipotente si es la propia. Tampoco se trata de números y votos. La razón y la justicia la tienen ellos, aunque sean menos. Vox (algunos de cuyos dirigentes deberían reflexionar un poco antes de hablar) es ilegítimo, aunque tenga más votos que Podemos. El pueblo puede ser minoritario, masas minoritarias. Para los discípulos de Stalin y Chaves, el pueblo es incontrolable siempre que les siga. Si se oponen a la opresión, deben ser obligados a ser libres. Nada más natural que aspiren a destruir la Constitución, pues en ella se encierra jurídicamente todo lo que su ignorancia aborrece.

Ortega y Gasset pensaba que «la destrucción del Derecho sólo podía producir el envilecimiento del hombre». Y, cabría añadir, viceversa. El envilecimiento del hombre produce necesariamente la destrucción del Derecho.