La «corrupsoe» de los ERE

En coincidente sintonía con la serie televisiva del momento, Corrupción en Miami, apareció en las fachadas de algunos pueblos y ciudades de la región la pintada con la frase «CorruPSOE en Andalucía». La polisemia de PSOE+corrupción en una misma palabra afloró en paralelo a las denuncias de algunos medios sobre los desmanes, excesos e irregularidades cometidos desde el poder por los socialistas. A la campaña de los «Cien Años de Honradez» con la que el PSOE de Felipe González quiso testimoniar la integridad y honorabilidad de un partido centenario con responsabilidades de gobierno en España, empezó a añadírsele la coletilla irónica, después de las denuncias en Andalucía, de «…y ni un día más». Cien años de honradez y ni un segundo más.

Ese inmenso poder que ostentó el PSOE en la comunidad andaluza le condujo a ejercerlo con nepotismo y ramalazos de despotismo. Bajo el paraguas del partido y de la Junta, con la connivencia de medios que lo silenciaban o miraban para otro lado, se actuó con impunidad. El caso de los ERE, que aún tiene 133 causas abiertas pendientes de sustanciarse en juicios, es paradigmático de esa manera de proceder tal y como refiere la narrativa jurídica del mismo.

Los hechos probados dan la razón a cuantos desde la oposición compararon al PSOE con una fábrica regional para colocar a familiares, conmilitones y amigos y para otorgar ayudas, subvenciones y prebendas en función de los afectos y lealtades políticas. Así se forjó lo que irónicamente se conoció como «la PSOE»: una organización que extendió sus redes de clientelismo político por las ocho provincias mientras la Junta daba cobertura oficial, desde el BOJA, a esa estrategia que inevitablemente terminaría en los tribunales, como así fue.

El «fondo de reptiles» de los 680 millones de euros manejados arbitrariamente, sin control alguno, de forma opaca y, en definitiva, dilapidados con el pretexto de salvar empleos y empresas durante quince años, es el mayor caso de corrupción política de nuestro país, a pesar de Sánchez y cuantos han pretendido minimizarlo y maquillarlo apelando a la supuesta honestidad de los expresidentes de la Junta y del PSOE, Chaves y Griñán, condenados en firme por el Tribunal Supremo.

La confirmación, precisamente, por parte del citado tribunal de la sentencia condenatoria a los principales responsables de los gobiernos andaluces que aprobaron y permitieron las irregularidades perpetradas sin hacer caso a los requerimientos y advertencias del interventor general de la Junta, tal y como señala también la sentencia, ha sido acogida en general como la prueba del nueve de que en un Estado de derecho no se puede actuar impunemente y que quien la hace, la paga antes o después. No fue esa la reacción de Sánchez y los ministros socialistas que, lejos de pedir perdón a los andaluces, han cuestionado y deslegitimado, incluso, la decisión de nuestro tribunal de casación al señalar que con la sentencia pagaban justos, Griñán y Chaves, por pecadores, casi todos los demás condenados.

Rajoy le preguntó retóricamente en el Congreso al entonces portavoz y después ministro, José Luis Ábalos, si los socialistas se iban a censurar a sí mismos cuando conocieran la sentencia de los ERE; un caso más grave por el montante del dinero público malversado y políticamente más reprobable que la pieza de la Gürtel con la que Sánchez, en connivencia con el controvertido y sesgado a la izquierda juez De Prada, justificó la moción que le llevó a la Moncloa.

No sólo no se censurarán, faltaría más, sino que han utilizado el mantra de la honradez personal de sus expresidentes, Chaves y Griñán, para subestimar el alcance de la condena y ponerla en solfa con la excusa de que no se lucraron, no trincaron para sus bolsillos del «fondo de reptiles» y tampoco financiaron ilegalmente al PSOE. Me pregunto si buscar el apoyo electoral al partido mediante la compra indirecta de votos con millones de dinero público, «como para asar una vaca» decía la madre del ugetista Lanzas, repartido entre familiares, militantes y oportunistas, es menos grave y censurable que desviar varios miles de euros para pagar la campaña de unas elecciones municipales en un pueblo de Madrid.

Sánchez no debiera olvidar que la hegemonía del PSOE en Andalucía durante más de treinta años estuvo sustentada en buena medida en esa forma de actuar, ahora reprobada por el Tribunal Supremo. Pero es sabido que Sánchez, cuando la justicia no le da la razón o los dictámenes no son favorables a sus intereses políticos, la cuestiona, como en el caso de los ERE, o la ignora, permitiendo la exclusión del castellano en Cataluña para no contrariar a sus socios de ERC y seguir contando con su apoyo parlamentario, aunque ello suponga pisotear los derechos de aquellos ciudadanos que sólo aspiran a estudiar una parte del currículo académico en la lengua oficial de todos los españoles en sana convivencia con el catalán.