Una deslealtad de Sánchez contra el Estado de derecho

Llegará el día en que se haga pipí desde el trampolín sobre todos nosotros y afirme sin pudor que no es pis sino lluvia.

Sánchez no cambia, sólo revela de palabra y obra lo que siempre ha sido: un hipócrita y un mentiroso compulsivo, sin escrúpulos, decidido a perpetrar infamias como la de modificar el código penal para favorecer a los delincuentes que lo infringieron con tal de seguir en el poder.

Durante el paso reciente por su cadena de televisión amiga dejó un rosario de imposturas digno de quien, como él, insulta su propia inteligencia si piensa que todavía hay quien cree en lo que dice. El desvergonzado Sánchez afirmó para justificar su desmán de suprimir la sedición de nuestro Código Penal que lo ocurrido en Cataluña el 1-O fueron «desórdenes públicos agravados».

Sánchez compara el alzamiento de los independentistas contra la Constitución que puso en riesgo la convivencia pacífica ciudadana y desafió al Estado, enfrentándose violentamente a los garantes de su seguridad, con la algarada callejera de unos gamberros hartos de mollate.

En ningún otro país del mundo libre, nadie que desafíe su legalidad constitucional es tratado jurídicamente como un alborotador público tal y como engañosamente pretende hacernos creer el trilero «monclovita» para excusar su felonía con el pretexto de adecuar la sedición al estándar europeo.

En Francia, Alemania, Italia, Bélgica o Portugal, levantarse contra el Estado y el cumplimiento de la ley como hicieron los golpistas separatistas en España no se tipifica como simples desórdenes públicos agravados. Y sus consecuencias penales son más graves que las pastueñas condenas que Sánchez va a concederles a sus socios para que si lo intentan en el futuro les salga a cuenta.

A Oriol Junqueras le permitirá volver a la política activa tras disolverse la condena de inhabilitación y el «Mocho de Waterloo» y Marta Rovira podrán regresar de sus exilios dorados con el horizonte penal bastante despejado.

No hay duda de que Sánchez hace una reforma del Código Penal ad hoc con el fin de satisfacer otra demanda más de ERC a cambio de sus votos. Otra cesión más que forma parte de una hoja de ruta en la que se incluye una consulta popular, como ha recordado Pere Aragonès, y la consolidación futura del entramado Frankenstein para mantenerlo en la Moncloa.

Este presidente del Gobierno se ha ciscado dos veces en la sentencia del Supremo que condenó a los separatistas sediciosos. Primero con el indulto y después cediendo a este nuevo chantaje a cambio de garantizarse el apoyo de ERC tras las próximas elecciones generales si consigue sumar un voto más, con toda la excrecencia populista, «bildutarra» y separatista, que el centroderecha.

A la vez que se blinda con sus socios y desarma y debilita el Estado ante nuevas aventuras golpistas, también deja en precario político y electoral a sus conmilitones socialistas, barones y alcaldes, que previsiblemente van a recibir en sus traseros las patadas que muchos ciudadanos dirigirán al de Sánchez en las urnas de mayo.

A Page, Lamban, Puig, Fernández Vara y demás dirigentes socialistas, Sánchez, con su enésima cesión al secesionismo, acaba de abrirles una herida electoral que puede enviarles a la oposición.

A ver cómo explican en sus predios autonómicos, mientras no rompan amarras con el «sanchismo», que ellos no son cómplices de la infamia perpetrada por su jefe para beneficiar a quienes persiguen acabar con la unidad de España. En esa herida, además, hurgará inevitablemente el PP hasta las municipales y autonómicas de mayo. Feijóo ha recibido de Sánchez una baza electoral y otro argumento sólido y convincente para justificar aún más la ruptura de las negociaciones sobre la justicia.

Acabar con esa negociación que pretendía teóricamente fortalecer la independencia judicial mientras por otro lado se trabajaba para todo lo contrario, minar la fortaleza del Estado de derecho cobra más sentido que nunca con este nuevo favor al independentismo. De haber seguido adelante y rubricado el acuerdo, Feijóo estaría hoy calcinado políticamente. Sería un cadáver político.

Supongo que tanto él como su candoroso negociador, González Pons, se habrán convencido definitivamente de que con Sanchez ya no se puede negociar nada salvo un adelanto de las elecciones generales que pudiera poner fin a esta claudicación permanente del «sanchismo» ante quienes sólo trabajan contra el interés general de los españoles.