La España plurinacional de Sánchez

Hace tiempo que el debate de presupuestos dejó de ser lo que siempre debiera haber sido: una confrontación constructiva de propuestas acerca del uso que el poder ejecutivo debe dar al dinero de los contribuyentes. Es difícil fijar en un momento dado de la historia reciente el punto en el que comenzó a deteriorarse. Se inició, probablemente, con la subasta de las inversiones territorializadas del Estado en las comunidades autónomas, para contentar a los voraces separatistas y compañeros de partido en busca de votos con los que asegurar la poltrona y ha degenerado en un desmontaje acelerado del andamiaje institucional para que cada cual salve lo que pueda en los comicios del 28 de mayo, al tiempo que destruye todo lo que la sociedad española ha construido en las últimas cuatro décadas.

Antes con nocturnidad, ahora ya con alevosía, con la ley más importante del año como argumento o excusa, se ha quebrantado el espíritu y se ha retorcido hasta extremos próximos a la voladura la letra de la Carta Magna. Solo queda tomar el control del Tribunal Constitucional, con el fin de que bendiga el asalto. En ello están. Los separatistas no olvidan que fue el que puso pie en pared borrando línea a línea los artículos que, pactados por el presidente con Artur Mas y Durán i Lleida, a espaldas del entonces presidente de la Generalitat, del PSC para más señas, avaló con sus votos el Congreso de los Diputados. Si ni siquiera entonces Alfonso Guerra se atrevió a contrariar la orden dada desde Ferraz, poco puede esperar el Partido Popular de la votación a mano alzada sobre la derogación del delito de sedición que ha solicitado en la Cámara. Si acaso, y otra vez será el regate corto, partidista y partidario, con la cita con las urnas a la vuelta de la esquina, afear a los barones territoriales socialistas el voto de sus diputados.

Este Gobierno ha dado a los condenados en los tribunales la llave del Código Penal para que lo reformen a su antojo. Acabará con la sedición para permitirles que vuelvan a tomar el poder. Prometió al PNV la salida de la Guardia Civil de Tráfico y le ha entregado a Bildu, a los herederos políticos de Batasuna, la victoria política del desalojo. Será el principio de la desaparición de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una parte del territorio nacional. Después vendrá el resto a pedir otro tanto. Tiempo al tiempo.

Hemos arriado las banderas, escondido los símbolos y ahora, con las arcas de Hacienda hipotecadas por la deuda, sólo queda repartir las joyas de la familia. A este paso, acelerado, sólo quedará de España el prefijo del Estado Confederal. La suma de las minorías alcanza la mayoría para hacerlo. Y podemos indignarnos con lo que han votado los españoles, pero es lo que hay. Podemos engañarnos esperando a que los presidentes autonómicos fuercen a Pedro Sánchez a dar un giro radical en su deriva, más allá de lo estético y afeando su conducta, rescatando del archivo las declaraciones en las que Pedro Sánchez renegaba de Bildu o nos prometía que colocaría a Puigdemont ante la justicia. Antes de decir todo aquello o lo contrario, ya había firmado con Miquel Iceta el papel que convertía a nuestro país en una suerte de ente plurinacional. Sólo los magistrados del Alto Tribunal pueden frenar la deriva. ¿Se atreverán?