Derogar el sanchismo por higiene democrática

La producción legislativa sectaria y profundamente ideológica del gobierno social-comunista durante la legislatura ha sido tan abundante como urgente y necesaria su revisión, reforma, y, en su caso, su derogación sin complejos.

Feijóo ha hecho suya la expresión, acuñada antes por los medios críticos con Sánchez , «derogar el sanchismo» y la ha convertido en su declaración de intenciones inmediatas si llega a la Moncloa.

La derogación del sanchismo supone, no sólo revocar, suprimir o reformar leyes, en algunos casos impuestas por minorías sesgadas como las que representan ERC, Bildu o Podemos, referidas a eutanasia, aborto, vivienda, memoria democrática, educación, «trans» o bienestar animal, etc, sino apostar también por la vuelta a los consensos de la mayoría social del país en los que se anteponga el interés general de los ciudadanos a la ideología de unos pocos.

Si llega a la Moncloa Feijóo tendrá la obligación de «derogar el sanchismo», sobre todo por higiene democrática. Estará mandatado para modificar, enmendar o cancelar parte de esa producción legislativa tendenciosa que ha enfrentado a los españoles, ahondando más en su división, durante la legislatura Frankenstein, y también concernido para recuperar el respeto a las formas de hacer las cosas en democracia y el prestigio de las instituciones que Sánchez ha deteriorado, cuando no dinamitado, con sus políticas y decisiones autocráticas e iliberales.

Tan importante y necesario es corregir o abolir las leyes doctrinarias y tendenciosas salidas de la factoría social comunista liderada por Sánchez durante los últimos cuatro años como rescatar los niveles de calidad democrática perdidos por decisión de un Gobierno que ha abusado ad nauseam de los decretos leyes y ha hurtado el debate y el protagonismo sustancial del Parlamento.

«Derogar el sanchismo» consiste también en devolverle a las instituciones del Estado la reputación y el decoro que Sánchez les ha birlado con su abuso de poder y ocupación partidista de organismos públicos e instituciones como Correos, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado, entre otras muchas.

La última indecencia democrática perpetrada por el Fiscal General del Gobierno, que no del Estado, imponiendo el nombramiento a dedo de Dolores Delgado en contra de la opinión mayoritaria del Consejo Fiscal, ha evidenciado una vez más el nulo respeto de Sánchez a los órganos asesores del Estado y la arbitrariedad sin complejos que ha empleado durante toda la legislatura en la toma de decisiones y nombramientos. La confianza de los españoles en la calidad de su justicia, como consecuencia de todo esto, es de las peores de la Unión Europea gracias a un presidente de Gobierno que ha hecho del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado su «brunete judicial» al servicio de sus intereses personales y de partido.

La despolitización de la justicia también forma parte de la derogación del sanchismo y el 23-J nos jugamos derogarlo y acabar con todo lo que políticamente representa o afianzarlo otra legislatura más.

Supone, en definitiva, finiquitarlo o avalar en las urnas un Gobierno que además ha insultado y atacado a los empresarios españoles creadores de empleo; que privilegia a los «okupas» y cuestiona el derecho constitucional de los propietarios; que ha arremetido contra los jueces por no aplicar su engendro jurídico sectario del «sí es sí»; que ha revictimizado a las mujeres víctimas de violaciones y agresiones sexuales beneficiando a sus agresores; que ha atentado contra los derechos constitucionales de las mujeres aceptando la autodeterminación del sexo; que ha vilipendiado a las víctimas del terrorismo aliándose con los herederos políticos de ETA a los que ha blanqueado políticamente; que ha indultado y legislado en favor de delincuentes que pusieron en riesgo la convivencia ciudadana y la integridad territorial de España o que ha alentado campañas de boicot en contra de los intereses de sus ciudadanos como hizo contra los ganaderos y ahora contra los productores y agricultores de la fresa y los frutos rojos onubenses.

Esto último es un hecho insólito e inaudito protagonizado por el propio Sánchez y su vicepresidenta ecológica Teresa Ribera que lejos de defender a los agricultores españoles han apoyado una campaña de descrédito de sus productos en Alemania. Nadie imagina a Macron respaldando una iniciativa animalista de otro país en favor del bienestar de las ocas y patos del Perigord y contra el consumo del foie gras de esa zona de Francia, ni a Ángela Merkel, en su día como canciller, desincentivando la compra de automóviles Volkswagen, Audi, BMW o Mercedes por los catalizadores contaminantes.

Esto que representa el mundo al revés, algo así como las palomas tirándole a los cazadores, también forma parte de ese sanchismo que Feijóo tiene que derogar después del 23-J si los resultados le posibilitan formar gobierno, sólo o en compañía de Vox. Y para eso hay que votar en plena canícula de julio porque el partido no está ganado, ni mucho menos, aunque las encuestas apunten en la dirección marcada por las urnas de las municipales y autonómicas del 28 de mayo.