España, 2025

Estamos en España en el año 2025. La vieja nación europea vive entre la inquietud y la impotencia la convocatoria de un referéndum en Cataluña similar al que se celebró en Quebec, para intentar escindirse de Canadá. La pregunta que se va a hacer a los catalanes, rompiendo el bien jurídico de la soberanía nacional indivisible, será similar a la de 1995 en la región canadiense: ¿acepta que Cataluña alcance su soberanía tras ofrecer formalmente al Reino de España una nueva asociación económica y política que se encuadre dentro del proyecto de independencia de Cataluña? La decadente región española que ha perdido su brillo y pujanza económica está a punto de convertirse en un Estado asociado con una estructura estatal propia, que solo mantendrá un vínculo asistencial con la metrópoli para el pago de las pensiones, que seguirán saliendo del fondo común español. Una vez que la consulta se celebre, los partidos separatistas, que han incendiado las calles hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado la consulta que les prometió hace dos años en Ginebra demostrando que el relato de la convivencia era una trola más, piden al reelegido presidente catalán Puigdemont que acelere los procedimientos para la retirada de los funcionarios estatales y su sustitución en una nueva Agencia tributaria catalana, a la que se unirá un CNI independiente, que destape los secretos oficiales que custodian el espionaje a los líderes indepes por el sistema Pegasus, las fechorías de la policía patriótica y el lawfare de los Llarena, Marchena, Javier Zaragoza y demás brazos armados del Estado opresor, que ya fueron condenados en las comisiones de investigación autorizadas en el Congreso por Pedro y Patxi.

A 362 kilómetros de la nueva capital del Estado asociado catalán, el Gobierno de Bildu que preside el títere de Arnaldo, Pello Otxandiano, apoyado por el PSE, negocia el tercer y cuarto punto del acuerdo global firmado por Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi que permitió la investidura del primero. El primer pago de ese apoyo se produjo con la elección de María Chivite como presidenta de Navarra, gracias a la abstención de los proetarras; después, con la moción de censura que apartó a UPN de la Alcaldía de Pamplona en los albores de 2024; y, finalmente, con el acuerdo de investidura para que los bilduetarras gobiernen el País Vasco en coalición con los socialistas vascos. Ahora Santos Cerdán y Mertxe Aizpurúa trabajan para materializar los últimos dos flecos de la ignominiosa alianza. El primero ya está en marcha con la reforma de la ley penitenciaria para que los casi 200 presos etarras que fueron acercados a las cárceles de Vitoria, Guipúzcoa y Vizcaya salgan a la calle libres de polvo y paja, disfrutando de la misma impunidad –los asesinos no iban a ser menos– con la que desde hace año y medio fueron agraciados los delincuentes que declararon la independencia catalana.

Y la última de esas condiciones selladas con Otegi, ya en la retaguardia de Bildu pero moviendo los hilos desde su condición de Mandela del chistu que le ha otorgado el presidente español, es la aplicación de la disposición adicional cuarta prevista en la Constitución: por fin, la apetecida incorporación de Navarra al País Vasco, por la que tanto mató ETA, está al alcance de la mano de los secesionistas. Ya en la disposición adicional primera el PNV, hoy en la oposición y con la cara de tonto con chapela de Ortúzar que le dejó la traición de Sánchez, arrancó a los constituyentes los privilegios económicos del País Vasco y Navarra, en base a derechos forales contrarios a los valores de igualdad de la UE, a los que sumó la adicional cuarta, que estipula la posibilidad de que los órganos de Gobierno navarros pongan en marcha la incorporación del territorio foral como la cuarta provincia vasca. Queda en manos de la sociedad navarra, que siempre ha demostrado su indisoluble vínculo emocional con el resto de España, que en el referéndum que se va a celebrar en unos meses para apalancar la anexión, demuestren si están dispuestos a suicidarse políticamente.

Los partidos constitucionalistas españoles, que hicieron todo lo posible en las instituciones europeas y en las calles para frenar la deriva autocrática del jefe del Gobierno, que arrancó con la amnistía a todos los delincuentes del procés, incluidos los terroristas que sembraron de violencia las calles y a los políticos malversadores, entre ellos los Pujol y Laura Borràs, siguen canalizando la desazón ciudadana. Ya va por la tercera entrevista del Sánchez con el que en su día fue prófugo de la justicia. Tal y como anunció a finales de 2023 otro sedicioso como Jordi Turull, el primer encuentro se celebró en Bruselas y, una vez que Puigdemont pudo volver a España en el verano de 2024 y presentarse a las elecciones autonómicas, los dos presidentes ya han celebrado otras dos reuniones, ambas en Barcelona, con la escenografía propia de cumbres bilaterales entre dos Estados.

(Podría ser una distopía, pero este relato está basado en fuentes de acreditada solvencia: los aliados de Pedro Sánchez. Los pasos que han ido adelantando, ante el silencio felón o directamente la patraña del líder socialista, se han ido cumpliendo uno a uno. Son los verdaderos oráculos del régimen, son aquellos que le llevaron un frío otoño de 2023 a hacerse con la presidencia del Gobierno de España traspasando todos las fronteras éticas e institucionales. El tiempo, para nuestra desgracia, colocará esta devastadora hipótesis de trabajo en nuestra triste historia reciente. Ojalá algún día alguien que lea estas líneas pueda reprocharme que me equivoqué).