¿Quién le paga las multas a Sánchez?

Pedro Sánchez va a ser sancionado por tercera vez por la Junta Electoral Central (JEC) por violar el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que establece que «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones». En esta tercera ocasión se ha tratado de utilizar una vista oficial a Navantia en Ferrol para hacer allí un anuncio de la construcción de un nuevo buque de la Armada con un presupuesto de 450 millones de euros y un gran impacto en el empleo de la ciudad y su entorno.

Supongo que a nadie puede sorprender a estas alturas que Sánchez sea pillado haciendo trampas. Todos sabemos que es su actividad más común. Ya comprendo que un tipo al que el Tribunal Constitucional le dijo que nos había mantenido recluidos a todos los españoles ilegalmente durante la pandemia y que se fumó un puro con la sentencia del alto tribunal, lo que le diga la JEC ahora le importa una higa. Pero quizá esta vez haya un elemento más relevante que en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Porque la primera sentencia, en enero de 2020, de la JEC condenándole por emplear en campaña electoral los salones de la Moncloa para una entrevista fue acompañada de una multa de 500 euros.

La segunda sanción de la JEC fue en octubre pasado por utilizar las dependencias de la Representación Permanente ante la UE, durante el Consejo Europeo del 29 y 30 de junio, para criticar los pactos que estaban haciendo PP y Vox tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Como era una falta reiterada, la cuantía de la sanción se incrementó de 500 a 2.200 euros. Si se aplica ese mismo criterio, es fácil prever que, con la tercera sanción, la suma de las tres multas fácilmente puede alcanzar los 6.000 euros. O lo que es lo mismo, para los que ya somos talluditos, un millón de pesetas.

Como todos los españoles, yo también estoy segurísimo de que ese millón de pesetas saldrá directamente del bolsillo del señor presidente del Gobierno. Cobrando 80.000 euros al año y sin prácticamente ningún gasto al que hacer frente –tiene cubiertos el alojamiento, el transporte, la manutención, las vacaciones… no sé en qué puede gastar– algo de suelto le quedará para pagar la sanción. Pero muchos españoles y yo el primero le quedaríamos muy agradecidos si en su momento nos ofrece algún documento bancario donde queden registradas las transferencias con la que se hayan hecho los pagos.

Alternativamente, también puede hacer una colecta entre las bases de su partido para que por medio de donativos altruistas se cubra la cuantía de las sanciones. Tampoco es mucho lo que hace falta que aporte cada uno. Y es una forma absolutamente legítima de pagar. Y con la fidelidad perruna de los sanchistas será fácil recolectar esa cantidad. Y si sobra, lo que es probable dado el entusiasmo que suscita, pueden ir guardando para la siguiente sanción, que será todavía mayor.

Ahora, al margen de ese detalle contable, ¿cómo es posible que tengamos un presidente del Gobierno que es reiteradamente sancionado por violar la ley electoral y que aquí no pase nada? Por desgracia es un síntoma muy evidente de la degradación de nuestra democracia en el último lustro.