Si cae también el Supremo, apaga y vámonos

Militantes o simpatizantes del PSOE sanchista controlan todas las empresas públicas relevantes. Militantes o simpatizantes del PSOE están al frente del CIS y TVE para servir sin pestañear a la causa. Y militantes o simpatizantes del PSOE mandan en el Tribunal Constitucional y la Fiscalía (en su etapa como fiscal en Galicia, García Ortiz llegó incluso participar en un mitin del partido y en el TC se sientan un exministro de Sánchez y una magistrada salida directamente de la cocina de Bolaños). El PSOE sanchista se ha hecho incluso con el control de una de las primeras empresas del país, Telefónica, y el presidente del Gobierno amenaza sin complejos con embridar a los jueces y a la prensa crítica.

Todo esto lo perpetra además un gobernante que tiene a su mujer y a su hermano en los juzgados por sospechas de corrupción y que ha perdido las cuatro últimas elecciones en las que pudieron votar todos los españoles. Es evidente: si todo esto lo estuviese haciendo un presidente de derechas, la izquierda y sus televisiones se lo comerían crudo. Pero nuestra oposición no está ejerciendo bien su labor, pues amén de que carece de una cadena televisiva potente que difunda su mensaje, no acaba de afinar el tiro en sus críticas y se dispersa. Además, pierden tiempo y energías peleándose entre sí, en lugar de asumir que nos encontramos en una situación de emergencia, pues nuestro modelo de derechos y libertades está amenazado por un presidente fuera de control.

Según la última edición del prestigioso Digital News Report España, que elaboran las universidades de Oxford y de Navarra, el 37 % de los españoles evitan las noticias de manera intencionada. Es decir, más de un tercio de los españoles renuncia a informarse, a saber qué está pasando. Y eso es grave, porque las personas desinformadas son pasto fácil de la demagogia y carecen de conocimientos sólidos en los que basar sus decisiones electorales.

Una gran parte de los españoles ni se enteran de que el Tribunal Constitucional está cambiando ya nuestra realidad al dictado de Sánchez. El recital de esta semana impresiona. El lunes, el Club de Pumpido tumbó las normas de Aragón contras las leyes sectarias de Memoria del sanchismo. Ayer, dieron por bueno el voto telemático de un fugitivo, Puigdemont, en el Parlamento catalán. Además, visaron que las chicas de 16 años puedan abortar sin permiso paterno (un disparate que burla el más elemental sentido común, pues esas adolescentes sí necesitan permiso paterno hasta para irse de excursión). Hoy ha continuado el festival del rodillo del TC. El Club Pumpido, convertido en tribunal de casación del Supremo, ha perdonado –indultado de hecho– a la exministra zapaterista Magdalena Álvarez en el caso de los ERE, el mayor robo de dinero público de nuestra democracia. El plan está claro: el TC blanqueará el mayor oprobio que arrastra el PSOE, pues para eso está: para servir al partido.

En paralelo, un fiscal general desprestigiado hasta lo inaudito, que previsiblemente será imputado en breve por la filtración contra Ayuso, maniobra como un forofo socialista para que los separatistas catalanes disfruten de la más absoluta amnistía, incluso saltándose las legítimas objeciones de los más respetables jueces y fiscales.

¿Qué estamos viendo? Pues cómo funciona la apisonadora autoritaria de Sánchez cuando logra hacerse con las instancias judiciales. ¿Y cuál es su próximo objetivo? Es evidente: el último oasis del rigor jurídico y la libertad judicial, el Tribunal Supremo. A Sánchez le daría absolutamente igual si el Consejo General del Poder Judicial llevase cuarenta años sin renovarse si contase con una mayoría de izquierdas. Su interés en el asunto estriba en hacerse con el control del gobierno de los jueces, para acto seguido colonizar el Supremo como ha hecho con el TC y ponerlo también al servicio de su causa. Y si cae el Supremo, adiós al penúltimo baluarte de nuestra democracia (el último es el Rey, y aprovechamos para felicitarlo por los diez años de su proclamación que se cumplen hoy).

El PP juega con fuego en el asunto de la renovación del Consejo del Poder Judicial. La disyuntiva es endiablada. Si acepta algún tipo de acuerdo que permita a Sánchez formar una mayoría a su medida en el CGPJ, adiós, democracia, adiós… Pero si no acepta un acuerdo con el PSOE, Sánchez ya amenaza con un decretazo con su mayoría del nuevo Frente Popular para colonizar el Consejo a la brava. Difícil salir bien parado de ahí.

Cada día el Gobierno le va dando un mordisquito a nuestra democracia. Y no se acaba de ver a nadie que lo frene (los que esperen que Bruselas frene a nuestro proyecto de autócrata van dados…). España se encuentra en una encrucijada, con un tercio de su población que abiertamente renuncia a saber lo que está pasando.

Pero eso sí, los bares siguen llenos, que es lo importante. Mientras haya cerveza, ¿qué importa la democracia? Pan y circo, la historia del mundo.