Feijóo y el mal menor del Cegepejota

Cuando se negocia con un trilero lo mejor que te puede pasar es que te robe la calderilla del bolsillo. Lo peor, que te deje como te trajo tu madre al mundo. Por tanto, negociar con Pedro Sánchez la renovación de CGPJ era arriesgado, tanto como jugar con fuego sabiendo que medio brazo ya lo tenías quemado. Sin embargo, a mí me enseñaron mis mayores que a veces hay que perder para ganar. Aquello de que un bien mayor justifica los males menores que se generen a su paso. El PP se jugaba –nos jugábamos todos– que el autócrata aprobara un decretazo con las excrecencias que le sostienen para hacerse con el órgano de gobierno de los jueces por sus santos bemoles. Ya dio un primer paso cuando maniató al Consejo caducado para que no pudiera designar un solo magistrado.

Es decir, peligraba el espíritu y la letra de los padres de la Constitución que previeron que para renovar el Consejo tuvieran que concertarse 3/5 partes de la Cámara, una mayoría reforzada de 210 diputados, lo que alejaba la posibilidad de que las minorías disolventes del Parlamento, con desorbitada representación gracias a la ley electoral que nadie cambia, pudieran influir en la composición de los tribunales de Justicia. Sánchez, con el ultimátum que acababa este mes, estaba dispuesto a romper las mayorías y colonizar por las bravas este organismo, de la mano de Puchi, Junqueras, Otegi y Yolanda.

Por tanto, a pesar de las críticas que pueda generar la decisión de Feijóo, más a su derecha e incluso en su propio partido –todas entendibles– sigo pensando que cuando elegimos a nuestros representantes lo hacemos para que trasciendan sus propios intereses e incluso aquello que les pide el cuerpo, para evitar mayor daño al Estado. Ese mal mayor era que Sánchez sumara al CIS, el TC, la Fiscalía General del Estado y todos los organismos que se ha apropiado, la última joya de la Corona. Con todas las cautelas que se quieran y con el escepticismo que merece llegar a un acuerdo con un ser tan tóxico para los usos democráticos como el presidente socialista, al PP le tocaba evitar la catástrofe. Y lo ha hecho.

Tan poco es de fiar Pedro que ha dejado con tres palmos de narices a sus amigos separatistas y del Frente Popular, a los que obliga a sacar las manos del Consejo (la cara de Aitor Esteban, del PNV, era ayer un poema) en las que solo permanecen las suyas y las del PP, los dos partidos de Estado. De despolitización por tanto nada, pero mejor esto que repartirse el botín del Consejo con los partidos que odian a España. El PSOE está cada vez más alejado de esa condición de Estado, pero al PP le tocaba demostrar que, aunque uno sea un irresponsable que quiere merendarse la democracia, eso no debe convertirte a ti en lo mismo.

El PP ha aguantado impertérrito la campaña que por tierra, mar y aire le ha dedicado la trompetería oficial responsabilizándole de ser poco menos que el enterrador del Estado de derecho y la Constitución. O sea, le dijo la sartén socialista, que ha achicharrado todas nuestras instituciones, al cazo popular. Hemos tenido que pasar los españoles el bochorno de buscar un comisario europeo como intermediario entre las dos formaciones que nos han gobernado desde la transición como si fueran dos adolescentes enfadados.

Así que dos mil días después del bloqueo de esta institución, González Pons y Bolaños firmaron ayer un pacto por el que los dos partidos se reparten diez vocales cada uno y el compromiso de cambiar la ley –se le encomienda al CGPJ– para que sean los propios jueces los que elijan a sus representantes como ocurría antes de que Felipe González cambiara el modelo en 1985. Si de paso los partidos dejan ya de nombrar al presidente del Supremo y se agravan las mayorías para designar a los jueces, además se establece la «cláusula Dolores Delgado» para que un ministro no pueda volver a ser fiscal general del Estado, pues bienvenido sea.

Ah, y traicionar nuestra democracia hubiera sido dejar a Sánchez culminar su amenaza y repartirse el CGPJ con Puigdemont ante una ración de mejillones.