Tributo a cuatro fiscales valientes

Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena son cuatro fiscales del Tribunal Supremo. Hace justo un lustro, estos cuatro togados, cuyo estatuto dice que tienen la obligación de promover e impulsar la acción de la Justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad y la protección de los derechos, ostentaron la acusación pública contra los líderes separatistas que, desde las instituciones y desviando dinero de todos, dieron un golpe contra el Estado de Derecho e intentaron romper España. El papel de la Fiscalía en ese momento tan delicado hizo más por la confianza en esta institución que en sus 150 años de historia. Así fue el alegato final de los cuatro valientes: «No es el independentismo lo que se enjuicia, sino los gravísimos hechos que acaecieron en septiembre y octubre de 2017. No se persigue una ideología, sino que se juzga el intento de imponer esa ideología al resto de ciudadanos. Se utilizaron murallas humanas que se lanzaron contra la Policía y la Guardia Civil. Hablamos de un plan criminal de gran alcance y complejidad».

Esos profesionales, que nos representaron a todos en el juicio del Tribunal Supremo, recibieron hace unos días una orden verbal de su jefe orgánico, el fiscal general Álvaro García Ortiz, exigiéndoles que informen favorablemente para que el delito de malversación sea amnistiado, es decir, les instó a que cumplieran el designio sanchista. En respuesta, Zaragoza, Moreno, Madrigal y Cadena han remitido un oficio donde exigen que el brazo togado de Pedro Sánchez lo ordene «por escrito de manera motivada y fundada» y dé audiencia preceptiva a «la Junta de Fiscales de Sala (que se reunirá el martes próximo), ya que estimamos que su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma».

No tragan la rueda de molino del fiscal general. Creen, y con ellos cualquiera con decencia intelectual, que Puigdemont, Antonio Comin, Lluis Puig, como presidente y consejeros catalanes, y los condenados por sentencia firme Junqueras, Turull, Romeva y Dolores Bassa no asistieron de forma pasiva a la malversación, sino que «ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del TC y del TSJC un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia. Y esos fondos no han sido restituidos». Que tengan que ser los subordinados los que recuerden esto al jefe demuestra la degradación institucional en la que vivimos, donde el responsable de la Fiscalía solo atiende a los intereses políticos y personales del presidente del Gobierno. Lo cual le va a costar un disgusto ante el TS en poco tiempo con la revelación de secretos de un ciudadano anónimo de por medio.

«Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 es lo que en la terminología de Kelsen se llama golpe de Estado. Se entiende por suficiente la violencia cuando es la necesaria para lograr el fin propuesto por el delito. El desvío ilegítimo de fondos públicos multiplica cuantitativa y cualitativamente la entidad de la rebelión. Esta es una rebelión distinta en la que el poder público ya se ostenta». Todo esto lo explicitaron durante el juicio del procés estos cuatro titulares del Ministerio Público que hoy son el último dique contra el que maniobra Sánchez. Y con ellos, ya dirige su mirada a la Prensa libre y al CGPJ. Después, llegará el Rey, cuyo discurso del 3 de octubre de 2017 sigue siendo la banda sonora de la dignidad de un Estado.

Eso sí, García Ortiz ya no tiene ni un gramo de auctoritas. Ordenará porque puede –al ser la Fiscalía un órgano jerarquizado–, pero no porque ostente ningún tipo de legitimidad moral. Ordenará, los fiscales cumplirán y luego vendrá la sala segunda del TS para felizmente revocar esa decisión, como ocurrió con el caso Tsunami. Mientras tanto, no olvidemos aquel relato de esos fiscales que nos representan a todos. Y recordemos, como hace estos días la persona que fue encargada de aplicar el artículo 155 en 2017, Roberto Bermúdez de Castro, que el Estado hizo contra los hoy amigos del caudillo lo que estaba obligado a hacer. La resistencia de estos cuatro valerosos fiscales nos reconcilia con la decencia.

Lo triste es que Pedro Sánchez, que debería ser tributario de esa defensa democrática, es hoy un vulgar heredero de Carmen Forcadell cuando, megáfono en mano, insultaba a la Justicia y a los españoles aquellos aciagos días que hoy han sido blanqueados.