¿Lo siguiente será fusilarnos?

La anulación de las sentencias de los ERE, que ha comenzado por Magdalena Álvarez y concluirá con Chaves y Griñán, es la culminación definitiva del viaje a los infiernos autocráticos de Sánchez, perpetrada por un Tribunal Constitucional que ya es un mero lupanar de las necesidades del Régimen.

En esta decisión se condensan todos los abusos y todos los planes, evidentemente siniestros, de un tirano sin careta que no puede ni quiere ni necesita ya disimular: libera a su propio partido del peso del mayor escándalo de corrupción de la historia, a la espera de que conozcamos todos los detalles de las andanzas de Koldo, Ábalos y compañía; esquiva la posibilidad de que dos expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE prefieran el papel de delator que el de condenado y sienta un precedente para concederse la impunidad a sí mismo o a su familia llegado el caso.

Pero sobre todo consagra el principio de que toda aquella decisión judicial que contravenga sus intereses o perjudique a sus objetivos es, simplemente, «lawfare».

El Tribunal Constitucional, plagado de magistrados de ovina observancia sanchista hasta el punto de que dos de ellos trabajaron en La Moncloa; otras dos acumulan trienios de relación con el PSOE andaluz y uno más, el presidente, ya mostró su disposición a hacer el trabajo sucio para Zapatero; se ha convertido en un vulgar Tribunal de Orden Público.

No solo blanquea o blanqueará los atracos a mano armada ordenados por el capo, sean una amnistía, el borrado de los ERE o un referéndum de independencia; sino que además lo hace saltándose sus atribuciones legales para metamorfosear en una instancia superior al Tribunal Supremo, arrogándose una última palabra, en todo, que sencillamente no tiene.

La sustitución de la legalidad constitucional por otra legalidad sanchista es, al perpetrarse desde el Tribunal Constitucional, más defendible estéticamente para el formidable orfeón de meretrices subvencionadas por Sánchez, aunque en realidad es una confesión de que se está dispuesto a llegar hasta el final en la inequívoca tarea de destrucción del Estado de derecho.

Porque la absolución sobrevenida y caciquil de la banda de los ERE incluye, en la resolución firmada por los amigos de Sánchez disfrazados de magistrados, un señalamiento público del Tribunal Supremo sin precedentes conocidos en un sistema democrático.

No solo se regala impunidad a los responsables de una trama que vació las arcas públicas y edificó un sistema clientelar que dopó al PSOE durante décadas en las urnas (en Andalucía y en toda España, que esos votos cautivos participaban también en las generales), sino que además se desvela el plan de maniatar al Supremo, doblegarlo al Constitucional y, en compañía de un Poder Judicial sometido si el PP no planta pie en pared, consagrar el principio troncal del sanchismo: si estás a mi lado, nada has de temer. Pero si te colocas en frente, seas juez, periodista, político o empresario, sobre ti caerá todo el peso de mi ley.

Que todo esto lo haga un perdedor sistemático de elecciones, secuestrado por minorías radicales, con su mujer, su hermano y su partido en los tribunales y en franca minoría en todos los estamentos internacionales; demuestra cómo en los sistemas democráticos puede colarse e imponerse un sátrapa si carece de los escrúpulos elementales, impuestos por la educación y la tradición pero no siempre por la ley.

Y enseña el camino a la oposición: pactar nada con un vulgar aspirante a sátrapa equivale a engrasarle el garrote vil a un verdugo de la democracia que se ha concedido a sí mismo el derecho a corromperse y a fusilar, siquiera simbólicamente, a todo aquel que intente impedirlo.