Leyes Begoña contra la democracia

En la primavera del año pasado, Sánchez llevaba ya casi seis años en el poder. En ese largo periodo jamás había anunciado medidas contra los bulos y para mejorar la información.

Pero en abril de 2024, un juez imputa a su mujer por un supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Los detalles del caso se habían ido destapando gracias a varias exclusivas periodísticas, algunas publicadas en El Debate. La extemporánea –ridícula– reacción de Sánchez ante la imputación consiste en anunciar por carta que se retira cinco días a meditar sobre si deja el poder, pues se declara muy dolido por la supuesta persecución a una mujer de la que dice estar «profundamente enamorado».

Acabados los cinco días de paripé, Sánchez comunica que ha decidido seguir «con más fuerza que nunca». Pero añade algo más. Anuncia en una de sus televisiones de cámara un plan de «fortalecimiento de la democracia» para acabar con los bulos, los «seudo medios» y con determinadas actuaciones judiciales.

Es decir: colérico ante el hecho de que se han destapado sus miserias familiares y las del caso Ábalos, se lanza contra la prensa crítica y los jueces independientes. No hay más.

Por desgracia, la mayor parte de la profesión periodística no ha reaccionado ante la amenaza, porque muchos profesionales primero son peones de El Partido y luego, periodistas (o algo parecido).

El plan de «regeneración democrática» presentado ayer, lo que podríamos llamar las «Leyes Begoña», supone un rodillo de sesgo autocrático para moldear España al dictado de un gobernante populista de izquierda radical.

El periodismo es formación, entretenimiento, servicio… Pero se quedaría en literatura y relaciones públicas de no existir un factor más, el que le da su sentido y razón de ser: controlar al poder, evaluarlo, dar cuenta de sus logros y de abusos cuando existen. El periodismo es la conciencia crítica del poder o no es tal.

En los diversos medios en que he trabajado durante décadas he asistido a la publicación de muchas exclusivas molestas para el Gobierno de turno (nacional, autonómico o municipal). No recuerdo un solo caso en el que el primer reflejo del poder no haya sido negar la noticia (recuerdo, por ejemplo, que cuando publicamos la exclusiva de la tesis plagiada de Sánchez nos remitió a primerísima hora un burofax amenazando con una querella; jamás llegó, pues todo era cierto, solo se trataba de amedrentar). La labor de los periodistas y sus editores consiste en publicar lo que consideran probado sobreponiéndose a las enormes presiones de los gobiernos.

El juego está bien reglado. Los medios españoles están sometidos a claras leyes en defensa del derecho al honor (no ocurre lo mismo con las plataformas monopolísticas estadounidenses, a las que se les permite una insólita barra libre para cobijar insultos y difamaciones desde el anonimato). También se conocen perfectamente las audiencias. Los auditores de referencia del sector en prensa impresa son OJD y EGM. En prensa digital, el actual es GFK (que en agosto ha dado una media diaria de lectores a El Debate de 1.130.000, con tres años de existencia, solo 800.000 menos de los que otorga a El País, periódico referencial de la izquierda oficialista española, con largas décadas en el mercado y un fuerte grupo detrás; quizá por éxitos así a Sánchez le molestan ciertos medios que desprecia con la coletilla de «digitales»).

¿Y qué nos anuncia Sánchez? Pues ante todo una vuelta de tuerca a las leyes que regulan el derecho a la rectificación y el honor. Son normas que han servido a todos los presidentes anteriores. Pero que a él no le valen, porque no soporta la crítica, el pluralismo y, en esencia, la libertad.

Si triunfase esta reforma se impondría de facto en España una suerte de censura, pues el poder nos podrá obligar a rectificar al instante lo que no resulte de su agrado, sea o no verdad. Los medios quedaríamos al albur del capricho del gobernante. El Gran Hermano monclovita pasaría a establecer qué es cierto y qué es falso (imagínense un arma así en manos de gente como Sánchez y Bolaños).

El paquete de «fortalecimiento de la democracia» se completa con el anuncio de que se eliminarán del Código Penal los delitos de ofensa religiosa y de injurias al Rey.

Despertemos. Lo que late aquí es el esbozo de un cambio de modelo en España, llevado a cabo por un populista radical que es una marioneta del separatismo antiespañol.

Van contra la prensa crítica porque se permite la impertinencia de destapar las miserias de una «coalición progresista» que se cree en posesión de la verdad absoluta y que niega al adversario su derecho a existir. Van contra el Rey, favoreciendo que se le denigre, porque si llegamos a lo peor, el jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas supondrá el último baluarte en defensa de la unidad de la nación y de nuestro sistema constitucional. Y van contra los católicos porque la Iglesia ofrece una mirada espiritual que es antagónica con la autonomía suprema del yo egotista y el relativismo materialista que propugna el mal llamado «progresismo», y por lo tanto les estorba.

Las «Leyes Begoña» son gravísimas y hay que enfrentarse a ellas desde ya. Por eso me sume en la más profunda melancolía constatar que ni el líder del PP ni el de Vox tuvieron a bien salir ayer a la palestra para explicar a los españoles la amenaza a la que se enfrentan. Estarían muy ocupados haciéndose la oposición el uno al otro, en lugar de aplicarse en serio para frenar la crecida autoritaria de Sánchez. Ay, pobre España.