Miserable

Las catástrofes suelen sacar lo mejor y peor de cada ser humano, también de las sociedades que las padecen. Y este país no es una excepción. En las terribles últimas horas, miles de personas, ciudadanos anónimos, se habrán jugado literalmente la vida para auxiliar a sus semejantes. Los días que vienen, el que ya ha limpiado su casa echará una mano al vecino. Habrá lágrimas, abrazo, solidaridad, duelo.

Pero los momentos trágicos sacan también a la luz la faceta más vil de algunos individuos. Tiempo le ha faltado a Yolanda Díaz para, en los pasillos del Congreso, enarbolar el artículo 14 de la Constitución, en la que solo cree cuando le conviene, amenazando a los empresarios de la zona afectada por las lluvias con una inspección si exigían a sus trabajadores que se presentaran en el tajo. Sin prueba alguna de que alguien lo haya hecho. El diputado Rufián no ha tardado en secundarla. ¿Tanta inhumanidad se les supone en el Gobierno a los hombres y mujeres que están al frente de una empresa simplemente por el mero hecho de ejercer esa profesión? ¿O es que la montaña de prejuicios de esta señora la ciega?

No hace falta ser muy avispado para aventurar que, entre las decenas de personas que habrán perdido la vida, habrá algún empresario. Eso por no hablar de las instalaciones y maquinaria que habrán quedado destruidas, de los millones de euros de pérdidas que habrá provocado este horror. Serán culpables igualmente. Ellos no merecen la magnanimidad de la responsable de Trabajo. Yolanda Díaz, que tan despistada estuvo cuando una mujer se quejó en 2023 de que Errejón la acosaba, que tan generosa ha sido con la vida aparentemente desordenada de su portavoz en el Congreso, incluso con ella misma, que solo ha pedido perdón por, presuntamente, no enterarse de nada, niega a las víctimas de una tragedia su supuesta humanidad, únicamente por su condición de empresarios.

Lamentablemente, las desgracias como esta ocurren. Y hay personas, le guste o no a la señora, que están obligadas a trabajar y que se juegan la vida en el empeño. Son militares, policías, guardias civiles, protección civil, a los que, paradojas de la vida, este Gobierno se niega rotundamente a concederles la categoría de profesión de riesgo. Como si no se estuvieran jugando el pellejo. Se lo niegan, simplemente, para ahorrar en pensiones. No hay más. ¿Irá Yolanda Díaz, Constitución en mano, a amenazar con una inspección a Margarita Robles o a Marlaska? No, ni está ni se la espera.

Hay personas a las que el empleo les queda grande, muy grande.