Desgraciado error

El Partido Popular tiene complejo de culpa. Y se le nota. Demasiado. Ha pedido perdón por su error, pero ese sentimiento le impide escapar de la trampa para osos que le ha tendido la Moncloa. El ejército mediático de Sánchez anda propalando por ahí la especie de que los de Génova votaron la enmienda del PCE conscientes de lo que hacían. Posiblemente lo eran, aunque cuesta creer que hubieran calibrado la más grave de las consecuencias, una excarcelación prematura de etarras que repugna si no a todos sí a buena parte de sus militantes y de su base social.

Desde que son conscientes de su garrafal metedura de pata, andan por ahí como boxeadores sonados, intentando quitarse de encima a manotazos la frustración por el error y la oportunidad política perdida e incapaces de señalar al organizador de este desaguisado, que no es otro que el gobierno. Porque la reforma del Código Penal que permitirá al asesino de Miguel Ángel Blanco comerse el turrón en casa esta Navidad la proponen los diputados de Yolanda Díaz y la votan Patxi López y su grupo, conscientes –ellos sí– de que eso es precisamente lo que los más viles asesinos vienen reclamando desde hace años a los tribunales. Es una cesión más del presidente del gobierno a Bildu. No hay socio más leal porque no hay socio mejor pagado. Todo lo que Otegi reclama, le es concedido: el blanqueamiento de su organización, la alcaldía de Pamplona, la Ley de Memoria Histórica, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y, ahora, la libertad de sus presos más sanguinarios. La ultra izquierda lo defiende sin ambages, porque cree en ello. Los de Ferraz escurren hábilmente el bulto metiendo el dedo en la lacerante llaga que muestra abierta el Partido Popular.

La obvia vulnerabilidad del PP le ha permitido a Pedro Sánchez esquivar los fantasmas que le acosan desde todas las esquinas del palacio. No podrá disiparlos. Pero gana una semana más. El auto de la Audiencia Provincial de Madrid, señalando el fulgurante ascenso profesional de Begoña Gómez, en paralelo al enriquecimiento de Juan Carlos Barrabés es demoledor. Las detenciones de los amigos y caseros de José Luís Ábalos acabarán llamando a su puerta, pasando previamente por la casa consistorial de Madrid. Las obscenas mentiras de Pilar Alegría en sede institucional le retratan. Y la confirmación de Carlos Cuerpo en Bruselas, notificando la ausencia de un proyecto de presupuestos, ratifican negro sobre blanco que en España no hay gobierno.

Durará lo que él quiera que dure, pero la legislatura está para el desguace. Y no ha llegado siquiera al primer aniversario de su investidura. Doce meses en el poder sin gobernabilidad, pero que dejan en las instituciones y la sociedad heridas profundas, como la consagrada desigualdad entre los españoles merced a la Ley de Amnistía, la cesión a las pretensiones de una banda de asesinos y un bofetón más en el rostro de las víctimas del terrorismo, las que, sin buscarlo ni quererlo, en defensa de esta democracia vapuleada por sus más viles detractores, han puesto a los héroes muertos. Inmoral e inhumano.