Por qué Sánchez es el máximo culpable de la chapuza con la DANA

La catástrofe de la DANA muestra una vez más lo mejor del ser humano, que es esa respuesta cívica masiva cuando la tragedia golpea a uno de los nuestros que podríamos ser cualquiera. El español, muy particularmente, es persona solidaria, de lágrima sentida y de esfuerzo desprendido en los grandes momentos, aunque luego ya le cueste dar los buenos días y ceder el asiento a una embarazada en el autobús.

Pero también está exhibiendo, con una deplorable rotundidad, las miserias de la política, la inutilidad del Estado mastodóntico y fragmentado, la incompetencia de la ideología al chocar con la realidad y el abrumador contraste entre las necesidades de una sociedad y las prioridades de un Gobierno.

Sánchez ha estado más pendiente de aprobar un decretazo de asalto a RTVE para colocar a comisarios y facilitar el negocio de sus amigos, en pleno luto, que de activar al Departamento de Seguridad Nacional antes y después del horrible manotazo de los cielos, tan previsible con los instrumentos que la ciencia dispone como ignorado por las miserias políticas cotidianas.

Que la misma banda capaz de pronosticar la desaparición bajo el agua de todo el litoral español dentro de dos siglos, si no aceptamos su pavorosa Agenda 2030, se permita ahora decir que era imprevisible lo que en realidad estaba advertido desde hace una semana y ocurrió tal y como se presagiaba hasta en su versión más tenue; añade al dolor la sensación de tomadura de pelo humillante y de inhumanidad hacia las víctimas.

Este Gobierno no ha dudado en confinar la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en invadir las competencias fiscales de Ayuso o en alterar hasta la mismísima Constitución para regalarle una «financiación singular» ilegal a Cataluña con la que pagarle el cargo a Sánchez.

Que ahora apele a no sé qué reglamento, norma o protocolo regional para tapar su propia negligencia, la desatención flagrante de sus responsabilidades más elementales y cargarle el marrón en exclusiva al presidente valenciano, que tampoco ha estado a la altura, es el más cruel de los ejemplos de la sistemática alteración de las reglas del juego que conforman un Estado de derecho decente en una sociedad respirable.

Si la alerta es máxima, la respuesta debe serlo también, y eso coloca al Estado necesariamente al frente de la prevención, primero, y de la respuesta, a continuación: todas las leyes de superior rango lo recogen, por mucho zahorí sanchista que husmee en las sentinas para encontrar una falacia con la que atacar a Carlos Mazón, pero más allá de eso lo impone el más elemental sentido común, que es la parte activa de la decencia.

Cuando se quiere, se puede, pero en este caso además se debe: traducir una alerta máxima de la Aemet en una simple red social, de seguimiento menor y sin capacidad vinculante alguna, en una respuesta preventiva del Estado a través del Gobierno y, una vez incomprensiblemente desechado ese mandato indelegable, compensarlo mínimamente con la atención urgente de las zonas afectadas.

El fallo sistémico en ambos escenarios, coronados por otros ya de carácter autonómico o local de inferior dimensión pero igualmente necesitados de otra auditoría exigente, es perfectamente coherente con la deplorable escala de valores y prioridades de un presidente y un Gobierno nefastos.

Tan acorralados por el sanedrín de corruptos y lacayos que intentan taparlo todo, que miró a los cielos, vio lo que venía y prefirió dedicarse a borrar la foto de Aldama, controlar la «televisión de todos» y buscar la manera de salvar al Fiscal General del Estado: el trabajo sucio, primero. Y luego ya, si eso, busquemos culpables para escurrir nuestra clamorosa incompetencia dolosa.