El que nada teme, nada borra
La opción de los borradores de información parecía ser el hundimiento de su reputación o un juicio y acaso cárcel. Y eligieron. Ya están condenados a la indignidad pública. La reiteración de borrados no es una cadena de casualidades
En uno de esos mensajes bufos que llegan a nuestros móviles se anunciaba que García Ortiz, nuestro fiscal general, firmaría su sistema de borrados de WhatsApp y llamadas en un conocido centro comercial de seis a ocho de la tarde. La imaginación y el humor de nuestros conciudadanos es ilimitado, pero el tema va mucho más allá de una humorada. Me refiero al fiscal general, garante de derechos ciudadanos, garante de la verdad, y la destrucción de pruebas no es un delito menor. Por ello ha dividido a la Fiscalía, la ha desprestigiado y expuesto al escarnio público, daños acaso ya irreversibles que acompañarán de alguna manera a quienes le sucedan y que a él le signarán siempre. Supongo que lo habrá tenido en cuenta. Allá él.
García Ortiz llegó a su alta responsabilidad aupado por Dolores Delgado, que ya le había ascendido. Delgado es el único ejemplo del paso directo de un titular del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Hasta entonces García Ortiz fue subiendo peldaños en su trabajo. Durante su destino en Galicia, 2005, asumió la acusación pública en el caso Prestige. En el tercer mandato de Sánchez el Consejo General del Poder Judicial rechazó su idoneidad, pero el Gobierno le confirmó en el cargo.
García Ortiz pertenece a la dirección de la organización progresista europea de jueces y fiscales. Sus nombramientos de Dolores Delgado fueron rechazados en dos ocasiones por el Tribunal Supremo. Es el primer fiscal general activo investigado por el Supremo. ¿Por qué un profesional con su experiencia se deslizó hacia esa presunta situación de ocultación de pruebas? La única explicación lógica es que recibiese órdenes de Moncloa porque un caso afectaba a la pareja de Ayuso. Ese ciudadano, que no está en política y en aquel momento ni tenía relación con Ayuso, regularizaba su situación con Hacienda, como tantos otros, y los escritos de su abogado fueron conocidos por Moncloa, por la fiscalía general y por dos medios afines a los que fueron filtrados a posteriori como aclaró ante notario el inmediatamente purgado Juan Lobato.
El caso ha tenido flecos. Sánchez Acera, del gabinete de la presidencia del Gobierno que entonces dirigía el hoy ministro López, declaró ante el juez que nada sabía; estaba obligada a decir la verdad. Es quien contactó con Lobato para que utilizase datos, que custodiaba Hacienda, o sea Marisu Montero. Resulta que también Sánchez Acera había borrado los datos de su teléfono en las mismas fechas. Casualidad.
En lo que afecta a David, hermano del presidente, los correos de la Diputación de Badajoz que le afectaban también desaparecieron y los de funcionarios que se intercambiaron mensajes sobre el proceso de su contratación. Antes de celebrarse las hipotéticas pruebas para su acceso, esos funcionarios daban por hecho que el cargo sería para quien llamaban «el hermanísimo». Casualidad.
La guinda es que en aquellas fechas también cambió de terminal y línea telefónica el propio Sánchez. Llevaba con la misma línea seis años. Se dijo que se debía al espionaje del programa Pegasus cuando —¡tres años antes!— Sánchez, sin decisión del Consejo de Ministros ni consulta al Congreso, cambió la postura de España sobre el Sahara. Otra casualidad. Acaso estemos en vías de explicarnos más de una decisión.
Sobre los borrados no se dan explicaciones verosímiles, pero el PSOE y sus medios sumisos siguen dando la vara desde 2013 con la supuesta destrucción a martillazos del ordenador de Bárcenas, asunto que no aparece en las sentencias subsiguientes. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el 20 de julio de 2020 la absolución del PP en tal destrucción. Cualquiera que haya pasado por una responsabilidad pública sabe, y el Congreso y el Senado son ejemplos, que al dejar un cargo o al finalizar una legislatura se borran los discos duros porque esa terminal tendrá nuevo destinatario. Pero los de siempre, mintiendo. Sánchez repite lo de los martillazos en cada campaña electoral y en el Congreso cuando le parece bien o no tiene argumentos, como es habitual.
La opción de los borradores de información parecía ser el hundimiento de su reputación o un juicio y acaso cárcel. Y eligieron. Ya están condenados a la indignidad pública. La reiteración de borrados no es una cadena de casualidades. Ya nos enseñó Benavente que «la casualidad es un desenlace, pero no una explicación». El que nada teme, nada borra.
