Sanear la democracia

Con la sentencia firme de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que afecta a la trama corrupta de los ERES en Andalucía, perpetrada por dos expresidentes del PSOE nacional, expresidentes de la Junta de Andalucía, por el PSOE y exministros, lo que más se debe de hacer es sanear al PSOE para evitar que se repitan casos parecidos. En este sentido, la portavoz del PSOE nacional y ministra de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, ha cometido un enorme y craso error al intentar justificar la actuación de los socialistas andaluces, ignorando la gravedad de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y el alcance económico de los mismos, cercano a los 680 millones de euros. Porque, vamos a ver, la época de Robin Hood ha pasado ya a la historia y no hay ladrones buenos y ladrones malos, condenados buenos y condenados malos, solo personas que no cometen delitos y personas que los cometen y son castigados por ello. Las palabras justificantes de la señora Alegría sonrojan y escandalizan, ya que justifica el delito y solicita impunidad al delincuente, solo por el hecho de ser socialista, ignorando lo que establece el artículo 14 de la Constitución, es decir, que «todos» somos iguales ante la ley, sin que quepa discriminación alguna, en este sentido, por el hecho de ser socialista. Por eso, el mal que rodea este caso sobrepasa al supuesto en concreto, al afectar al sistema en su conjunto y, especialmente, a la cultura de la impunidad que siempre reclaman los dirigentes del socialismo español, desde su fundación. Eso de «100 años de honradez» que se decía al principio de la Transición ya no cuela, ni lo eran en el año 1978 ni, por supuesto, después, transcurridos 44 años desde la Constitución. Hay que sanear la democracia y modificar la Ley de Partidos Políticos para que, un partido, el PSOE por ejemplo, no salga de rositas con estos fraudes que se acercan a los 700 millones de euros, que eran el dinero público de todos los contribuyentes. Como andaluz me siento defraudado y solicito que, con mis impuestos, no. Que devuelvan lo defraudado, que es una de las finalidades de las penas en el Código Penal, la reparación y restauración. Y, sobre todo, que asuman las responsabilidades políticas, comenzando por aquellos o aquellas que formaron parte de los Consejos de Gobierno de los ERES. Justicia, sin reparación, no es tal, sino impunidad y corrupción del Estado.