Inés Arrimadas tiene razón

por la propia naturaleza del Código Penal, la iniciativa de su reforma compete al Gobierno, ya que, como todo el mundo sabe, es el Gobierno el que dirige la política interior y la defensa del Estado. De hecho, la Constitución excluye la iniciativa popular para reformar la ley orgánica-Código Penal. La regulación de los delitos, la regulación de cualquier delito, afecta sobremanera a dos Ministerios –Interior y Defensa–, que obviamente tienen que informar sobre la reforma de lo que, llegado el caso, les tocará repeler con las armas. La maniobra que ya se está perpetrando es un fraude constitucional de manual, esto es, mediante la cobertura de una «proposición de ley» se elude el «proyecto de ley» de reforma del Código Penal. Un proyecto que habría de aprobar el Consejo de Ministros, previos los informes, entre otros, de los ministros de Interior y Defensa, los cuales, sin embargo, omiten todo pronunciamiento. Es lo que se llama comisión por omisión. Inés Arrimadas tiene razón, el instrumento para bloquear el fraude es la moción de censura. Pero no una, sino dos mociones de censura. Caben dos mociones de censura en un mismo período de sesiones, siempre que los 35 signatarios sean distintos. Vox puede lanzar la primera este mismo mes, y en diciembre el PP. Y en febrero y marzo de 2023, otras dos mociones de censura, salvo que la reforma propuesta, que deja indefensa a España y premia a los delincuentes, sea retirada.