Violadores a la calle

La liberación, el pasado lunes, de Daniel Padial, un violador no rehabilitado que ha pasado los últimos años encarcelado en Lérida, ha causado la natural inquietud en dicha ciudad y alrededores. En el historial de este violador se registran un total de diecisiete agresiones sexuales a mujeres, buena parte de ellas jóvenes adolescentes. Inició su carrera delictiva muy pronto, a los catorce años, y desde entonces ha ido encadenando periodos de privación de libertad con nuevas agresiones, cada vez que salía en libertad. La rehabilitación es el objetivo de cualquier condena penitenciaria. Y no faltan los programas que tienen por objeto conseguirla. Pero no es menos cierto que algunas personas –y este sería, a tenor de la experiencia acumulada, el caso de Padial y otros muchos que no logran rehabilitarse y son carne de reincidencia–. Sólo es uno de los 277 delincuentes sexuales beneficiados por la ley de la Sra. Montero y su cuadrilla, aunque no es solamente suya la responsabilidad, también de todos los que la han aprobado en el Congreso.

¿Qué pasaría si una hija de algún político fuera violada por alguno de estos tipos que han salido a la calle beneficiados por esta ley chapucera? ¿Tiene sentido que este tipo de individuos sean de nuevo un peligro manifiesto, sin que la sociedad disponga de medidas para protegerse? No, no lo tiene, ya hay en la calle 22 delincuentes sexuales desde la aplicación de esta ley. Soluciones como aplicar una vigilancia no invasiva al recién liberado no son viables, entre otros motivos porque obligan a un gasto policial inasumible. En esta tesitura, resulta inaceptable, tanto para las víctimas pasadas como para las potenciales, que el violador vuelva a gozar de plena libertad de movimientos.