Justicia sin ley

¿Existe alguna discriminación respecto al uso de las lenguas cooficiales? No. ¿Por qué insistir entonces en su «reconocimiento» a nivel nacional y europeo? En ambos ámbitos están reconocidas. Lo que no son es idioma oficial del Estado español, lo cual no les resta viveza ni vigencia. ¿Qué nos demuestra entonces esta petición intempestiva? Entre muchas otras cosas, la primacía de la pura imposición de la voluntad por encima de la legalidad. A todas luces, según el gobierno y ciertos partidos políticos, basta el mero deseo –eso sí, inmaculado y virtuoso– para su imposición generalizada. ¿En qué consiste la discrepancia? En no compartir lo que establece al respecto la ley ni los procedimientos. De ahí que se procediera a autorizar arbitrariamente el uso en el Congreso antes de modificar su reglamento interno. De ahí que se pretendiera irregularmente la aprobación oficial en Europa en una sola sesión del Consejo obviando todos los procedimientos y consultas de rigor. En Europa se ha parado el intento con sensatez, por respeto de la legalidad y de la costumbre. En España sí se consumó la tropelía. No compartir es legítimo; saltarse la ley, empero, tiene delito. Cuando prima la voluntad irrestricta del gobernante sobre su sometimiento y respeto a la ley muere el Derecho –y con él la igualdad de los ciudadanos– y rige la arbitrariedad– y su pareja: la discriminación de los ciudadanos. En Europa han dicho no. ¿Qué decimos en España?