Democracia formal y democracia auténtica

España es una democracia formal. Tiene las instituciones necesarias para serlo: parlamento elegido en elecciones libres y controladas, un poder judicial con suficientes garantías para impartir justicia y un poder ejecutivo resultado de una mayoría parlamentaria. Es decir, se dan los supuestos para ser un Estado de derecho con división de poderes. Pero una democracia auténtica es aquella que además de garantizar una división de poderes formal cumple con otros requisitos, tales como hacer cumplir las leyes y sentencias judiciales, respeto al adversario político sin establecer líneas rojas y no menoscabar el sentido de las instituciones, empleando artimañas que las perviertan, utilizando toda una serie de recursos de perniciosa ingeniería política.

Como ejemplos, por ser breve, vemos que no se respetan ciertas leyes y no se exige cumplir sentencias como el empleo de un mínimo de un 25% de la enseñanza en lengua castellana; utilización desmedida de decretos-leyes que hurtan al Parlamento su previa discusión y falta de consulta a organismos preceptivos; o colonización por el Ejecutivo de instituciones básicas como Tribunal Constitucional, Fiscalía del Estado, CNI, CIS, INE, Banco de España, TVE, etc., nombrando a personas políticamente afines carentes de la debida independencia e imparcialidad. Si a esto lo sazonamos con el uso habitual de la mentira entre el dicho y lo hecho, el panorama es descorazonador. Es triste decirlo, pero España está aún distante de ser una auténtica democracia. Y la situación va empeorando.