La ley del aborto de Montero, contra la vida y desde el absurdo

Una de las piedras angulares de la ingeniería social que define a este Gobierno es, sin duda, el anunciado proyecto de ampliación de la ley del aborto, a cargo del Ministerio de Igualdad y anunciado por su titular, Irene Montero, para el próximo mes de diciembre.

Que en un país asolado por la muerte de la pandemia el Ejecutivo haya centrado buena parte de sus energías en legislar contra la vida, sea con la eutanasia o con la interrupción del embarazo, añade al despropósito ético y moral una falta absoluta de sensibilidad, de elemental humanidad.

¿De verdad regular el suicidio asistido, aceptado ingenuamente por quienes solo quieren unos buenos cuidados paliativos y son manipulados por la retórica sectaria de cierta izquierda, es una prioridad en un país con más de 100.000 muertos por una pandemia? ¿Matar desde el Estado a quien solo necesita esperanza y ayuda, tiene acaso algo de progresista?

Y en línea similar, ¿alguien con un mínimo sentido común puede defender, sin ruborizarse, que la mejor manera de incrementar la natalidad, necesaria en tantos sentidos, es promocionar el aborto y casi vincular la realización de la «auténtica» mujer con practicarlo?

De la misma sentina ideológica que ha impulsado la «ley trans», una frivolización insoportable del género que niega la existencia del sexo y avala la libre elección del mismo con una simple visita al registro civil; nace esta inhumana propuesta regresiva y denigrante, pero nada inocente.

Además de suponer una intolerable agresión a la vida, el primero y máximo de los derechos humanos; es un puntal de un proyecto intervencionista que pretende modelar las conciencias libres a imagen y semejanza de la ideología del Gobierno actual.

Introducir en esta reforma la educación sexual en los colegios de los niños más pequeños, según las enseñanzas obsesivas de Montero y su equipo; promover la píldora anticonceptiva masculina cuando ni siquiera existe a día de hoy, o avalar el aborto en las menores de edad sin tutela paterna son barbaridades defendidas por colectivos marginales, que no pueden convertirse en palabra de ley institucionalizada. 

Esta reforma de la ley del aborto servirá además como excusa para convertir el derecho a la objeción de conciencia de médicos y sanitarios en una especie de insumisión necesitada de un castigo. Señalar a quienes se nieguen a acabar con una vida, o intentar obligarles a que contradigan su juramento hipocrático, supone una intolerable agresión que confirma el talante invasivo de un Gobierno con ramalazos autoritarios.

Resulta lamentable que el actual Ejecutivo dedique más recursos, leyes y discursos a destruir la vida –antes de nacer con una intervención o en el ocaso con una inyección– que a protegerla, promocionarla y ensalzar su dignidad y belleza.

La ofensiva del Gobierno contra el derecho a la vida demanda una respuesta social y política firme, pues afecta al núcleo elemental de la condición humana. Desde El Debate,  periódico que tiene la defensa de la vida como una de sus señas primeras e irrenunciables, demandamos además un compromiso derogatorio innegociable por parte de la actual oposición, para que cuando haya un cambio de Gobierno quede claro que se frenará en seco esta deriva inhumana.