Convertir la disidencia en delito

La ya extravagante reforma del Código Penal que ultima el Gobierno para perseguir las concentraciones pacíficas frente al negocio de las clínicas abortistas va a dar un giro de tuerca aún más inhumano y represor si prospera, como parece más que probable, el tristísimo añadido promovido por el PNV.

Si ya es insólito que rezar e informar frente a uno de estos centros siniestros se pueda considerar delito, condenado con penas de cárcel de entre tres meses y un año; aplicar ese tipo penal de oficio, sin denuncia del supuesto afectado, se adentra en el terreno del totalitarismo.

La resistencia de esos grupos pacíficos a que las madres potenciales se dejen llevar por la desesperación y la falta de alternativas y procedan a la interrupción del embarazo impulsadas por un Gobierno que casi induce a ello, merece un respeto y una reflexión.

Porque ese papel, que ofrece un contrapunto al mensaje nihilista que convierte la maternidad en un atraso y no la promociona y protege como debiera, no sería necesario si los poderes públicos no optaran por el camino fácil, cruel y perjudicial: para las afectadas, desde luego, pero también para el conjunto de una sociedad envejecida y necesitada de niños.

Que semejante reforma proceda de un partido de raíces cristianas evidencia el sonrojante deterioro de opciones ideológicas que, más allá de sus nefandas apuestas nacionalistas, se colocaban en otros ámbitos al lado de la vida, del sentido común y de la humanidad.

Pero ahora, en su mixtura con un PSOE irreconocible y un Podemos echado al monte, se han contagiado de lo peor de cada uno sin darles nada de lo poco bueno que ofrecían.

Lo cierto es que en España se han despenalizado las injurias al Rey, a la bandera o al himno; se considera «libertad de expresión» la incitación a la violencia contra objetivos identificados con nombre y apellidos si se entona en una canción y, por no glosar todos los abusos, se consienten manifestaciones masivas a favor de ETA y de asesinos tan crueles como Henri Parot.

Y sin embargo, se persigue el ejercicio de libertades básicas como ésta, que ni coaccionan ni amenazan ni desde luego agreden a nadie y se limitan a contraponer un discurso espiritual y genuinamente humano a la decrepitud promovida desde los poderes públicos.

Aprobar la detención sin denuncia de estas personas supone equiparar sus comportamiento con la violencia de género, derribando garantías jurídicas canónicas de un Estado de derecho y consagrando un peligroso precedente: el de transformar en delito la mera disidencia, algo impropio de una democracia pero definitorio de una tiranía ideológica con el BOE a su servicio.