Sánchez se entrega también al separatismo catalán

La mera puesta en escena de la llamada «Mesa del Diálogo» ya resulta obscena y ofensiva: se consagra la bilateralidad entre el Estado y una de sus partes, dándole a la Generalidad una categoría que no tiene, y además se extrae el encuentro de las instituciones donde, en una democracia, se dirimen diferencias y se alcanzan acuerdos con arreglo a unos procedimientos constitucionales perfectamente reglados.

¿Qué siniestras intenciones se albergan cuando una negociación que afecta a asuntos cruciales se celebra fuera de las Cámaras nacionales y autonómicas, a puerta cerrada y ajena por tanto al escrutinio público?

Si las formas son inaceptables ya de entrada, pues el fondo es directamente inconstitucional e impropio de un Gobierno que, más que nadie, ha de conocer, aplicar y preservar las normas democráticas que sostienen un estado de derecho.

Porque negociar la «desjudicialización» de la política es tanto como ofrecer impunidad a los excesos, atacar a la separación de poderes y garantizar una especie de indulto previo a la comisión de delitos que, con esa deplorable actitud, se incentivan.

Si Sánchez anuló la sentencia del Tribunal Supremo a los golpistas del procés y si además, ahora, se compromete a invalidar cualquier respuesta judicial a sus abusos, ¿cómo no se van a animar a repetir los hechos quienes siguen pensando lo mismo y simplemente esperan la mejor oportunidad, sea cuando sea, para volver a demostrarlo?

Que la excusa sea que, con esas concesiones, se logra la aceptación del marco jurídico por parte del separatismo, es sonrojante: primero porque no se puede premiar a quien simplemente acata las leyes, como si un Estado no tuviera recursos para imponérselas en el caso de que no lo haga.

Y segundo, porque acepta como un compromiso firme lo que no es más que un evanescente truco retórico para lograr los objetivos anhelados, blanqueados por un presidente irresponsable que va a dejar en este ámbito, como en el económico, una herencia terrible.

Si a este despropósito se le añade la sumisión de Moncloa a la Generalidad en su infame e ilegal política lingüística, que hace de la imposición del catalán en la escuela pública una herramienta de construcción de identidades independentistas, el bochorno ya es absoluto.

Sánchez no puede entregarlo todo cada vez que necesita un apoyo coyuntural, y mucho menos si sus regalos afectan a la base misma de la nación: aceptar que no se pueda estudiar en español en una parte de España y comprometerse, además, a que una lengua transformada en arma se promocione en el Senado y en la Unión Europea está muy cerca de ser una traición política y sentimental al país que gobiernas con infinita negligencia en todos los órdenes.

Si hace unos días Sánchez aceptó escribir la historia reciente de España de la mano perversa de Bildu, con quien ha aprobado su nefanda Ley de Memoria Democrática para perseguir franquistas imaginarios e indultar a terroristas de carne y hueso; ahora entrega la lengua de todos como trofeo de caza política al separatismo catalán y alimenta sus delirios rupturistas.

Sánchez desaparecerá algún día, pero los estragos de sus políticas van a perdurar y hacer muy difícil la tarea de reconstrucción a quien le suceda: en el orden territorial, que es la base de todo lo demás, deberá enfrentarse a la consolidación de un abuso inédito en ningún país del mundo. Porque nadie proscribe, con la firma de su presidente, hablar, estudiar, sentir y pensar en el idioma de todos, protegido por la Constitución pero zaherido por su Gobierno.