Un presidente fabricante de bulos

Pedro Sánchez fabricó un bulo, repetido de manera reiterada, para acusar a la «prensa madrileña» de conspirar contra su Gobierno, aliado con los poderes económicos, para acabar con el «progreso» que según él representa.

Y lo hizo en sede oficial, tanto en el Congreso como en el Senado, señalando por su nombre a la radio de la Conferencia Episcopal y a El Mundo, además de al conjunto de la escasa prensa crítica de Madrid, entre la cual figura sin duda este periódico, que ha demostrado documentalmente la magnitud de la fake news del presidente del Gobierno.

Porque es su propio equipo quien se ve obligado a abandonarle y a reconocer, por escrito, que carece de toda prueba documental de la grave denuncia de Sánchez, destinada a criminalizar a quienes, en nombre de los ciudadanos y por delegación constitucional de ellos, ejercemos su derecho a la libertad de información y de opinión.

La gravedad de los hechos es incuestionable y, en cualquier país con unos valores sólidos, se cuestionaría la continuidad de un presidente que se permitiera acusar en falso a la prensa de intentar derribarle por métodos espurios y con aliados ocultos.

Pero en la España actual, eso forma parte de una estrategia global de acoso y derribo a la disidencia democrática, impulsada por el propio Sánchez para facilitarse a sí mismo todos los abusos que comete a diario.

Porque señalar a la prensa nace del mismo autoritarismo que tilda a la oposición de «anticonstitucional» o descalifica a los jueces por «machistas» o «franquistas»; y obedece al mismo objetivo: criminalizar a todo aquel que pueda ser un obstáculo a sus planes, devaluando sus competencias y denigrando su función, con montajes y falsedades indignas de un Gobierno democrático.

Si el desafío al orden constitucional se perpetra deformando la ley, por la puerta de atrás, y asaltando las instituciones, con un descaro ya evidente; la normalización de todo ello ante la opinión pública se intenta despreciando a la prensa, garante de una democracia saludable, diluida si la crítica se estigmatiza o asfixia.

Para El Debate es un orgullo demostrar hasta dónde es capaz de llegar Sánchez para anular los contrapoderes, pero eso no es suficiente si no va acompañado de una respuesta clara, sostenida y contundente de las instituciones nacionales y europeas, que no pueden convertirse en meros testigos ni limitarse a reacciones tibias.

Todo lo que no sea activar todos los recursos legales que estén al alcance, y muy específicamente los europeos, dejará expedito el camino a un presidente en los márgenes de la ley y dispuesto ya a todo. Que la democracia esté amenazada por el propio Gobierno es grave; pero que nadie se movilice para evitarlo sería desolador.