Sánchez asalta el Tribunal Constitucional

En un nuevo capítulo del asalto del Gobierno a la Justicia, Pedro Sánchez ha impulsado el nombramiento para el Tribunal Constitucional de dos estrechos colaboradores, con el mismo impudor que en el pasado le llevó a imponer a Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado.

Uno es Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia que se prestó a impulsar los indultos de nueve políticos catalanes condenados en el Supremo por sedición, con unos expedientes revelados por El Debate que demostraron el burdo apaño: él mismo reconocía que no se merecían la medida de gracia, que no había ningún tipo de arrepentimiento y, además, que no renunciaban a su objetivo ilegal.

Esa sumisión tiene ahora premio, pero también es un encargo: si Campo se prestó al enjuague inicial, se prestará a los que haga falta en función de las necesidades de Sánchez y de los peajes insoportables que soporta para obtener el respaldo del separatismo.

Y se dará la aberración jurídica de que el magistrado Juan Carlos Campo tendrá que juzgar en el Constitucional al ministro Juan Carlos Campo. Esto no ocurre ni en las dictaduras tercermundistas.

Y lo mismo cabe decir de la segunda señalada, la catedrática Laura Díaz, subordinada directa en la propia Presidencia del ministro más cercano a Sánchez, el ínclito Félix Bolaños: su papel va a ser, sin duda, reforzar a Campo en las instrucciones que éste reciba del Gobierno.

Todo ello junto resulta inquietante, y demostrativo que en la hoja de ruta de Sánchez no solo hay un asalto de las instituciones judiciales para ponerlas a su servicio y evitarse sobresaltos tan contundentes como, en el pasado reciente, fueron las resoluciones del Tribunal Constitucional contrarias a los estados de alarma durante el confinamiento.

También hay un evidente deseo de doblegar su posible resistencia a planes que modifiquen de facto la Constitución y la adapten al chantaje independentista, del que Sánchez es rehén: primero indultó a los delincuentes; después ha derogado sus delitos y ahora solo le falta legalizar las reformas que le exigen, incompatibles con la ley, la historia, el sentido común y la nación.

Que todo eso lo haya hecho Sánchez dejando una huella tan profunda de asalto a la separación de poderes legitima las peores sospechas y obliga a activar todas las alarmas: primero quiso reformar el procedimiento de elección de los vocales del Poder Judicial; a continuación, paralizó su funcionamiento; después levantó parcialmente el veto para renovar el Constitucional y ahora lo llena de subordinados.

El siguiente paso es tan pernicioso que solo mentarlo produce espanto. Pero viendo la secuencia de hechos y decisiones, ya nada se puede descartar: ni siquiera que Sánchez esté cambiando desde fuera el diseño actual del Estado, poco a poco, para ponerlo al servicio de su proyecto y del de sus socios.