La Justicia bloqueada y Llop en las nubes

La práctica totalidad de los juzgados de España están paralizados, desde el pasado 24 de enero, por una huelga de los letrados de Justicia que el Ministerio del ramo ha despreciado con infinita irresponsabilidad, generando un problema mayúsculo a la ciudadanía.

Sin necesidad de valorar la legitimidad de las reivindicaciones, lo que están muy claros son los estragos que genera la insólita intransigencia de Pilar Llop, que no ha hecho nada por paliar los efectos y entender que, más allá de cuitas gremiales, se ha suspendido de facto un servicio esencial para el correcto funcionamiento del Estado de derecho.

Porque, desde el día de inicio del paro, se han suspendido al menos 150.000 vistas, lo que supone que otros tantos ciudadanos no hayan podido recibir de la Administración la respuesta que merecían: una resolución a su conflicto que restituyera derechos dañados y decidiera las responsabilidades oportunas en cada caso.

¿Hay acaso algún conflicto en España, ahora mismo, donde el estropicio cuantitativo y cualitativo sea tan público y ostentoso? La respuesta es evidente para todo el mundo, con la excepción del Gobierno, que solo ha sido capaz de mantener una única reunión con los afectados, saldada con un inapropiado portazo.

Aunque el Ministerio de Justicia parezca estar concentrado en revertir leyes ignominiosas rubricadas por él mismo, como la ínclita del «solo sí es sí», este asunto debe ser una prioridad como pocas otras: el papel del departamento es muy relevante, pues de él depende buena parte del impulso legislativo del Gobierno y también no pocos de los desvelos del presidente por enterrar la separación de poderes; pero su trabajo cotidiano no es especialmente exigente.

Y eso hace aún más inaudito el desdén hacia un problema que, de no remediarse de inmediato, generará un tapón en los juzgados aún mayor del que ya sufren, para desdicha de los afectados.

Este viernes, si no hay sorpresas, se celebrará otra reunión. Y ha de ser la definitiva para un acuerdo razonable que coloque a los letrados en el papel que les corresponde. Y a los ciudadanos en el suyo.

A unos, una revisión salarial que adecúe sus retribuciones a sus funciones, ahora claramente desajustadas. Y a otros, encontrar la solución a cuitas graves o leves que merecen una resolución ahora perdida en un hiriente limbo.