El caso Mediador mide a todo el PSOE

La trama canaria de un diputado socialista no puede resolverse con su expulsión sin investigar las complicidades al más alto nivel que parecen intuirse, hasta el punto de que ya han aparecido citados varios diputados, senadores y cargos de distintas administraciones públicas.

Los hechos conocidos, a través del mediador, son de lo más verosímiles: solo las fotografías incluidas en el sumario ya demuestran la existencia de orgías impúdicas, con prostitutas y drogas, costeadas supuestamente por los empresarios que luego obtenían los contratos negociados por el diputado en cuestión, conocido ya en toda España como Tito Berni.

La presencia en el Gobierno canario de su propio sobrino o las reiteradas visitas de sus «clientes» al Congreso, donde presumía de influencia y de contactos, otorgan una credibilidad evidente al relato del arrepentido y obligan a ampliar la investigación a cuantas personalidades políticas, en Madrid o en Canarias, hayan podido participar de una forma u otra en el chanchullo.

A todo ello se le añade la sospecha de que la misma banda señaló a objetivos políticos insulares para derribarlos, lo que legitima la personación del PP canario en la causa judicial y justifica, del mismo modo, la petición de una Comisión de Investigación en el Congreso.

Y desde luego invalida la cínica reacción del PSOE, que se considera a salvo por haber pedido la dimisión de su compañero y se permite dar lecciones de contundencia e higiene al resto de partidos.

Pero la verdad es tozuda: permitió que este personaje entrara y saliera del Parlamento en las peores compañías; no detectó sus posibles sobornos pese al rastro que dejaban; consintió que su propia familia se asentara en las instituciones canarias y no ha movido un dedo, al menos en apariencia, para aclarar si hay o no más cargos públicos socialistas implicados en tan feo asunto.

Por cuestiones bastante menos aparatosas, como las cremas de Cifuentes, los trajes de Camps o el donativo de Barberá; el PSOE desató una persecución a los aludidos y a su propio partido, hasta el punto de justificar la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa en la imperiosa necesidad de devolver la limpieza a las instituciones.

Que eso lo dijera el mismo partido que se benefició del escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de España y tal vez el único que se tramó desde un Gobierno; ya desmontaba ese relato y evidenciaba que la corrupción fue una simple coartada para lograr en los despachos lo que le negaban las urnas.

Y que ahora guarde silencio o se limite a decisiones menores, es simplemente intolerable. Lo cierto es que el mismo diputado que celebraba el 8M y presumía de defender la abolición de la prostitución se dedicaba luego, a cambio de dinero, a organizar orgías sexuales para intercambiar favores políticos y económicos.

Y lo cierto es que, si ese lamentable cambalache funcionó solo pudo ser porque alguien más participaba en el negocio y repartía el botín entre todas las partes. Porque el Tito Berni, como los condenados en Andalucía, necesitó sin duda de muchas complicidades para hacer prosperar su organización criminal. Y la mera sospecha de que no actuó solo, por mucho que estuviera al frente, es suficiente para exigirle al PSOE una larga serie de explicaciones que, hasta ahora, no ha ofrecido. Quizá porque no puede.