Ley de Vivienda: otro ataque a la propiedad privada
La legislación que ultima Sánchez con Otegi solo servirá para crear nuevos problemas graves sin subsanar ninguno de los existentes
El Consejo de Ministros aprobará este martes un supuesto plan para poner en el mercado de alquiler, a precios muy reducidos, hasta 50.000 viviendas de la SAREB, el célebre «banco malo» público que se hizo cargo de los activos hipotecarios tóxicos del sector bancario en la crisis detonada en 2010.
La medida es el anticipo de la inminente Ley de Vivienda, pactada con Podemos, Bildu y ERC, cuyos detalles ya conocidos provocan espanto: en lugar de promover alternativas sociales públicas, el Gobierno ha optado por trasladar esa responsabilidad a la propiedad privada, cargándole de unas obligaciones y peajes inaceptables y contraproducentes.
Porque no existe experiencia, ni en España ni en Europa, donde ese tipo de fórmulas de limitar los alquileres o definir «zonas tensionadas» haya tenido un efecto positivo: en Barcelona se redujo la oferta disponible un 15 por ciento y en Berlín, por citar dos ejemplos célebres, se anuló tras un sonoro varapalo de la Justicia, que la declaró inconstitucional.
Porque el Gobierno puede creerse con el poder de entrometerse en la propiedad ajena y en la libertad de mercado, pero no tiene de momento las herramientas legales necesarias para obligarle a nadie a arrendar sus propiedades.
La contracción de los pisos disponibles, el estímulo a la economía sumergida e incluso el alza de los precios son las consecuencias previsibles de una política empobrecedora, populista e inútil que solo sirve para desviar la atención sobre la ineficacia del propio Gobierno, incapaz de estimular un parque de vivienda social que permita la emancipación de los jóvenes y atienda a la parte de la población con menos solvencia económica.
Y en la misma dirección rema el electoralista anuncio de las 50.000 viviendas, un indicio del temor hegemónico ya en el PSOE al escrutinio de las urnas. Si ese parque inmobiliario existe y es de verdad útil, ¿por qué Sánchez lo ha mantenido en secreto hasta unos días antes del 28M?
Lo cierto es que existen dudas sobre la viabilidad de una promesa que, en realidad, rebaja a la mitad los anuncios gubernamentales a principio de legislatura, cuando ya anunció una medida similar con el doble de viviendas a disposición de los necesitados.
Y lo cierto es que su estado o su ubicación, alejadas de los centros urbanos y en condiciones infrahumanas, las hacen inaccesibles incluso para los casos más urgentes.
Nadie debe engañarse, pues, por la enésima bomba de humo de un presidente a la desesperada que, mientras fabula con soluciones inviables, no ha hecho nada por frenar los verdaderos problemas del sector: las hipotecas están disparadas; la «ocupación» es un problema social de primera magnitud y la vivienda social brilla por su ausencia. Atacar a la propiedad privada o vender medicamentos inmobiliarios milagrosos no arreglan nada y provocan nuevos desperfectos.
