Sánchez asalta la democracia para concentrar todo el poder

De hasta qué punto es relevante impedir el asalto a la Justicia que intenta Pedro Sánchez desde su llegada al poder, con un atajo ya espurio en 2018 con la moción de censura, da cuenta un último ejemplo, vergonzoso y artero como casi todos los que protagoniza el Gobierno.

Aprovechar la aprobación de una Ley Orgánica o de un decreto ley, en este caso sobre la paridad entre hombres y mujeres y sobre medidas anticrisis, para colar dos enmiendas inconstitucionales en asuntos troncales del Estado de derecho, es inaceptable e indigno, amén de ilegal con seguridad.

Por un lado, legaliza el abuso de desposeer al Senado de su capacidad de veto en asuntos tan relevantes como el techo de gasto, requisito indispensable para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Y por otro, anula la cláusula que paraliza la entrada en vigor de abusos como la Ley de Amnistía si una instancia judicial interpone un recurso ante Europa, la llamada cuestión prejudicial.

La falta de escrúpulos de Sánchez es un fraude de ley, pues perpetra trampas indecentes para legalizar atracos inviables si se respetase los procedimientos establecidos: no se pueden boicotear las competencias del Senado para aprobar, por la puerta de atrás, un inexistente derecho al descontrol presupuestario.

Y no se pueden derribar los controles legales para blanquear una vergüenza como la amnistía, incompatible con el ordenamiento jurídico nacional y europeo y mera moneda de cambio para comprarse, nada menos, la Presidencia del Gobierno.

La seguridad jurídica es uno de los pilares del Estado de derecho, que fija los derechos, las obligaciones y los límites de cada uno de los actores del sistema democrático. Y saltárselos supone, de facto, la implantación de un régimen autocrático de apariencia legal pero funcionamiento caciquil.

Si en las formas es insoportable, en el fondo de las cuestiones es suicida: anular la posibilidad de enmendar el despilfarro del Gobierno, sustentado en una presión fiscal cercana a la confiscación y en un sistema clientelar insostenible, equivale a garantizarse la consolidación de un régimen asistencialista en el que se carga todo el esfuerzo en una parte de la población, se aspira a convertir en votantes cautivos a la otra y se arruina el futuro del país por la infame combinación de una deuda y un déficit desbocados.

Y quebrar la tutela efectiva de los contrapoderes, en España y Europa, ante asuntos decisivos como la amnistía, supone apostar por una legalidad a la carta que avala derechos inexistentes, consagra abusos inasumibles y derriba todo asomo de constitucionalidad para vincularlo todo a las necesidades, urgencias y peajes de un presidente impropio de una nación democrática.

Porque hoy es la amnistía o el techo de gasto, pero mañana puede ser el referéndum de independencia o la «Ley mordaza» de jueces y periodistas, entre otras barbaridades ya cometidas o anunciadas por un gobernante delirante, capaz ya de todo.

Quienes ven en estos abusos un argumento más para no haber pactado la renovación del Poder Judicial con una fórmula que limita la bulimia ilegal de Sánchez, deben pensar en hasta dónde llegaría si, además de todo lo que ya hace, controlara el gobierno de los jueces como ya hace con el Congreso, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado.

Lejos de desautorizar el acuerdo, le da más relevancia, aunque también obliga a incrementar la vigilancia y explorar, sin tapujos, todas las respuestas jurídicas, institucionales y públicas que sean menester, aquí y en Bruselas, para frenar a un sátrapa sin complejos que está torciendo la legalidad constitucional golpe a golpe.

Sánchez solo pacta cuando, de no hacerlo, intuye un castigo superior. Y eso es, precisamente, lo que debe impulsar a quienes pueden y deben replicarlo: la ausencia de líneas rojas es una invitación, irrechazable, a perseguir y condenar por todos los medios democráticos posibles a un peligro público sin precedentes conocidos desde 1978.