Subversión Inversa: la batalla judicial

Publicados dos ensayos sobre la Subversión Inversa, generalista e histórico uno y particularizado otro para una visión de lo que hoy puede estar sucediendo en España, y en algún país de Hispanoamérica, se refiere éste a lo que podríamos asemejar a una operación militar, con sus diferencias obvias, pero que se desarrolla en los niveles inferiores, nivel táctico/ jueces de primera instancia (nivel de combate), también en el operacional/Tribunal Supremo, donde se contempla la batalla y «lo judicial» como un todo, y en el nivel Político Militar/Tribunal Constitucional / Fiscalía General, donde se dirimen cuestiones de dirección de la guerra o conflicto jurídico/constitucional. El Derecho constituye las reglas de enfrentamiento (ROE, en la terminología OTAN) y el escenario es España y Europa, con la preeminencia jurídica de esta última para los que firmaron su tratado.

La Paz, principio constitucional evocado constantemente en diferentes instancias, en el ámbito político judicial está lejos de ser conseguida pues el litigio se cifra en la maniobra ofensiva del Ejecutivo para dominar los tres poderes clásicos, que definiera claramente Montesquieu, extendiendo sus intenciones a hacerlo también con el «Cuarto Poder», la comunicación pública, siendo parte de éste y parcelas del Poder Judicial, con la primacía del Supremo, la resistencia a tales pretensiones, teniendo como pauta las leyes actuales.

La subversión es un procedimiento para llegar al poder irregularmente y hacerse con él, sin que se desarrolle por los procedimientos democráticos al uso; también se refiere a las actividades con ánimo de modificar o trastocar lo existente instaurando otro modelo que le es afín al impulso subversivo; puede ser de largo recorrido como las revoluciones conocidas, súbita como los golpes de Estado, y a menudo una combinación de ambos, como los pronunciamientos del siglo XIX en España, donde la componente militar precedía o seguía a los procedimientos políticos irregulares, dentro de un creciente deseo internacional de despojar a España de los restos de su grandeza.

Pero la Subversión Inversa es aquella que se realiza desde el poder mismo, utilizando paulatinamente los resortes que le da al grupo dirigente su privilegiada posición, para transformar un Estado constitucional, en este caso, por lo tanto mayoritariamente aceptado por la población, en otro en que la división de poderes se difumina y se extingue para convertirse en un único poder preeminente que encabeza el grupo dirigente, normalmente un grupo político, que socava y elimina, progresivamente, los controles democráticos de su Gobierno, incluso modificando el funcionamiento del Estado de derecho.

Es muy posible que se nos ocurran varios estados en el Mundo que estén en esa situación, que se caracterizan también por una ausencia de alternancia política, un aislamiento de su oposición parlamentaria, cuando no su eliminación, y una adhesión de las instituciones fundamentales, por infiltración calculada, a las tesis principales del Gobierno, sede del poder, que impulsa dicho proceso.

Las consecuencias finalmente de estas estrategias consolidadas son estados autocráticos, donde la Justicia y el Legislativo son satélites del Ejecutivo, y este se perpetúa en poder, modificando sucesivamente las leyes, para acoplarlas a los fines perseguidos evitando en lo posible que los jueces, verdaderos combatientes de terreno, puedan emitir las condenas que anteriormente merecerían dichos actos, aspectos graves opuestos a los principios constitucionales.

El Concepto de la Operación subversiva inversa podría ser el siguiente:

Propósito: Para alcanzar el cambio de la sociedad actual hacia otra muy centralizada en el Ejecutivo, cuyo soporte ideológico son los partidos de ideología de izquierda y extrema izquierda, es necesario proseguir en la infiltración de las instituciones fundamentales del Estado, en especial el Poder Judicial, principal opositor a la consecución de los objetivos finales, convirtiéndolas en órganos colaboradores.

Conseguida la mayoría en el Consejo Constitucional al uso y convertida su función primigenia en tribunal de casación, favorable a la causa, contando con la inestimable y jerárquica adhesión de la Fiscalía del Estado, procede hacerse y/o anular la preeminencia del Tribunal Supremo diluyendo la importancia y gravedad de sus resoluciones y sentencias.

La continuación del esfuerzo contra los jueces no afines, utilizando los medios propios de comunicación e influencia, debería ser continua, desprestigiándoles, revisando sus condenas y rehabilitando a los condenados del grupo subversivo.

Ocupado el Legislativo, por procedimientos de aritmética parlamentaria, favorables a la estabilidad del Ejecutivo, mediante la coacción parlamentaria y la concesión de las pretensiones necesarias, solo permanece, dividido, el Judicial, cuya reducción debe constituir el esfuerzo principal.

Este ensayo, desgraciadamente próximo a la realidad en algunos países, puede culminar en un cambio de régimen, lo que supone una anulación o transformación importante de las constituciones vigentes en los estados objetivo.

El delito de alta traición, en general, parece asimilarse únicamente a la relación entre estados, que afecte a la Seguridad Nacional de cada uno; quizás debería incluirse, también, judicialmente, con su tipificación en los códigos, la traición a las constituciones mayoritariamente refrendadas por la población.

• Ricardo Martínez Isidoro es general de División Rdo. y escritor