Moral, bienestar y macro delincuencia: los casos de Holanda y Suecia
La inmigración arraigada en barrios marginados, que genera exclusión social, facilita el surgimiento de bandas, y el desarraigo y la falta de integración en algunos grupos de inmigrantes generan nuevas necesidades creando lealtades entre grupos por afinidades étnicas
Durante décadas, los Países Bajos y Suecia han formado parte del imaginario europeo de la felicidad y el bienestar, y han sido emblema de políticas liberales y socialdemócratas.
Tanto es así, que aquel país nórdico ha venido mejorando su posición en el Índice de Felicidad Mundial, de la décima posición en 2016 a la cuarta en 2024. Ocupa el séptimo lugar en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidad (2021) y el sexto en el Índice de Progreso Social (SPI). Países Bajos, por su parte y en relación con los mismos indicadores, ocupa el lugar sexto en felicidad, décimo en desarrollo humano y séptimo en progreso social.
Pero esta es una cara de la moneda. Existe otra muy real y directa:
En el caso de los Países Bajos, la delincuencia a gran escala, la Mocro Maffia, se ha apoderado del país. De hecho, la alcaldesa de Ámsterdam, el ministro de Justicia o el 59% de los ciudadanos consideran que es un narcoestado o que tiene un alto riesgo de serlo. La Mocro Maffia son un conjunto de bandas criminales, sobre todo, pero no exclusivamente, de descendientes de inmigrantes marroquíes; de ahí su nombre, que controlan el tráfico de cocaína desde Sudamérica hasta Europa a través de los puertos de Rotterdam y Amberes. La guerra entre bandas rivales ha desestabilizado el funcionamiento del país. Su poder es tal que ha amenazado a altos funcionarios del gobierno, incluido el primer ministro, el exministro de Justicia, y la princesa Amalia, que en 2023 tuvo que venir a España por razones de seguridad. Han asesinado a periodistas, empresarios y abogados como advertencia, que en algunos casos aplicaron de forma espectacular, como cuando dejaron una cabeza decapitada en la mesa de un coffee shop de Ámsterdam. Utiliza a «niños soldados», menores, de 12 o 13 años que, a cambio de algo de dinero fácil, no solo trafican con drogas, sino que son capaces de poner bombas y cometer atentados. Sus redes arraigadas en los Países Bajos se están extendiendo por Bélgica, que ya sufre el problema como Estado, al tiempo que crece su importancia en España.
El problema, como narran los expertos, es que cuando estas bandas empiezan a ganar fuerza, su crecimiento es exponencial porque la combinación de dinero fácil y amenaza a la persona y a la familia son demoledoras y afectan incluso a la propia Policía. Los asesinatos están a la orden del día porque las armas son muy accesibles; por 500 euros no hay problema. La situación es tan grave que los propios funcionarios de seguridad afirman que no ven la salida del túnel.
El caso de Suecia es también particularmente desalentador. El problema de los delitos violentos y el crecimiento de las bandas callejeras ha llevado a que el Gobierno sueco haya sacado a la calle en diversas ocasiones al Ejército para apoyar a la Policía en barrios de alto nivel de criminalidad. Esta circunstancia, propia de otras latitudes, es insólita en Europa, donde solo se han visto soldados en las calles cuando ha habido una amenaza terrorista muy grave. Este hecho, obliga a dedicar recursos crecientes a la Policía y a aplicar políticas más estrictas, pero así y todo el daño en la sociedad es profundo.
La inmigración arraigada en barrios marginados, que genera exclusión social, facilita el surgimiento de bandas, y el desarraigo y la falta de integración en algunos grupos de inmigrantes generan nuevas necesidades creando lealtades entre grupos por afinidades étnicas. Si bien la violencia de las bandas criminales se da en las grandes ciudades, también se ha extendido a los pequeños pueblos y zonas rurales.
Como en el caso de los Países Bajos, el aumento de tráfico de drogas, especialmente de cocaína, es un componente importante del problema y al mismo tiempo incrementa la violencia entre bandas rivales. También, como en Holanda, existe el reclutamiento de menores para que actúen como sicarios. En el 2022 se registraron en Suecia 391 tiroteos y 63 muertes. Hasta septiembre de 2023, las muertes ya alcanzaban las 41, para solo 10, 5 millones de habitantes.
La droga, la inmigración mal integrada y masiva, pero también una determinada textura y criterio moral, que ha convertido a ambos países –ahora ya junto con España– en la primera línea del aborto masivo, eugenésico, temprano y generoso, en los primeros en legalizar el matrimonio y la adopción homosexual, la eutanasia y su ampliación, y, en el caso de los Países Bajos, la legalización del consumo de drogas. Todo ello, notas características de lo que se considera deseable en una sociedad progresista.
Pero cuando se rompe el orden natural de las cosas, por muy desarrollado y productivo que sea el país, cuando se prescinde del fundamento moral surgido de la cultura cristiana, las consecuencias de todo orden, directas e indirectas, simples o complejamente ramificadas, se manifiestan con toda rotundidad. Olvidar la razón de Dios tiene un gran coste. Al menos esta es mi hipótesis y mi explicación.
