Política, delincuencia y Justicia
En el caso de Urralburu, de su mujer y de otras personas implicadas en la política, los jueces pudieron trabajar sin el agobio abusivo, orquestado e injusto, al que ahora están sometidos por la 'crème de la crème' del sanchismo
La intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al inaugurar el año judicial el pasado día 26 –una intervención que está disponible en la página web del tribunal–, me ha animado a poner al menos un punto y aparte en algunas reflexiones sobre la actualidad española.
Julia Salander, 29 años, brillante politóloga, ha dicho, al parecer, que «cualquier hombre es potencialmente un violador». La frase «todo político es potencialmente un delincuente» es estructuralmente paralela a la de Salander. Pero en la actualidad quedaría coja, porque no se puede privar a las mujeres de una característica masculina. Es decir que puede –y quizás debe– decirse también que «toda política es potencialmente una delincuente». A fin de cuentas, la frase de Salander, si es ella la autora, es una perogrullada. Y, puestos a decir perogrulladas, se podría añadir que «los familiares de un político o de una política pueden ser delincuentes». Y añadir que «un político o una política son potencialmente unos reclusos».
Dicho esto, vamos a recordar un caso que muchos pueden no haber conocido, o haber olvidado. Es el caso de Gabriel Urralburu y de su mujer Olivia Balda. Él fue el segundo presidente del gobierno de Navarra en el postfranquismo. Y tanto él como su mujer fueron condenados como delincuentes y dieron con sus huesos en la cárcel. Lo que confirma que, efectivamente, «todo político es potencialmente un recluso», y que la esposa de un político lo es también, si se prueba que son delincuentes. Hablaré del caso. No tengo nada personal contra Urralburu. Es más, cuando se planteó retirar su cuadro del palacio de Navarra como expresidente del Gobierno foral me opuse públicamente porque la memoria debe preservarse.
La Audiencia Provincial de Navarra condenó a Urralburu, que había presidido el Gobierno foral, por cobrar comisiones millonarias a empresas constructoras en la adjudicación de obras públicas. Así concluyó un proceso provocado por la publicación, en abril de 1994, de la existencia de una trama corrupta por parte de Diario 16. Urralburu fue condenado con su esposa, y otros implicados en la trama, en 1998. Su caso mostró, efectivamente, que los políticos pueden delinquir y que, si son juzgados y condenados, pueden acabar en la celda de alguna cárcel.
El asunto tiene especial interés al examinar, treinta años más tarde –es decir, ahora–, los comportamientos del presidente del Gobierno español y de sus familiares y allegados, algunos de los cuáles están ya en manos de tribunales. Lo lógico es esperar que actúen los jueces, hoy sometidos a presiones inaceptables en mi modesta opinión. Por eso resulta tan inquietante como asombroso escuchar al coro ministerial atacándoles, o releer el texto del Grupo de Puebla del 24 de abril en el que expresó «su solidaridad con el presidente del Gobierno de España frente a la campaña de acoso y desprestigio reputacional que ha denunciado estar enfrentando (sic) con su familia». El comunicado del Grupo de Puebla, del que son fundadores, entre otras y otros, el español José Luis Rodríguez Zapatero y las españolas Irene Montero y Adriana Lastra, se pronuncia contra lo que califica como «falsas acusaciones y la presión política a la que se ve sometido el presidente Sánchez». Y proclama la inocencia de Begoña Gómez, sometida, según el comunicado, a presiones judiciales.
Al grupo de Puebla, por cierto, se han ido incorporando, al menos, la asombrosa ministra de Sumar Yolanda Díaz, el líder del partido comunista español, Enrique Santiago, el bien conocido Baltasar Garzón, María José Fariñas, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III, y Gerardo Pisarello, primer secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados, nacido en Tucumán (Argentina), y posicionado en la extrema izquierda.
En el caso de Urralburu, de su mujer y de otras personas implicadas en la política, los jueces pudieron trabajar sin el agobio abusivo, orquestado e injusto, al que ahora están sometidos por la crème de la crème del sanchismo, comenzando por el atónito comportamiento de la ministra Alegría y de todo el coro ministerial. ¿Cómo se puede justificar –quizás la palabra adecuada sea ‘tolerar’– que la portavoz del gobierno se dedique, tras las sesiones del consejo de ministros, a ser la portavoz de la esposa del jefe del gobierno, proclamando su inocencia y arremetiendo contra quienes tienen que juzgarla en cumplimiento de la legislación (y, como suele hacer también, atacando a la oposición).
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según la página web del tribunal, ha reivindicado una Justicia «sin injerencias ni presiones» para no poner «en cuestión el Estado de derecho». Pues vamos a ver.
- Esteban López-Escobar es doctor en Derecho y en Comunicación
