La ley natural y políticas públicas: el desastre que no quieren ver
Las políticas públicas en España fomentan el aborto, penalizan a las familias con hijos y castigan a la juventud, socavando el futuro del país. Todo esto responde a una razón puramente ideológica, contraria a la ley natural, que ignora principios fundamentales como la defensa de la vida y su dignidad
El título puede parecer desconcertante: ¿Qué relación puede haber entre la ley natural, un concepto filosófico y jurídico, y algo tan concreto como las políticas públicas? Además, ¿es posible que estemos enfrentando un gran desastre que ni figura en la agenda política, ni recibe atención mediática, ni cuenta con una mínima conciencia social de su existencia?
Vayamos por partes. La ley natural se refiere a un conjunto de principios universales inherentes a la naturaleza humana, que rigen lo que es justo y correcto. Estos principios no dependen de convenciones sociales ni de las leyes que de ellos emanan, sino que derivan de la razón, la moral y la naturaleza esencial del ser humano. Proporcionan un fundamento racional para evaluar la validez de las leyes humanas y, en consecuencia, resultan esenciales para cualquier política pública que aspire a la justicia. Así, los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) son una expresión de la ley natural y un límite reconocido a determinados nuevos derechos.
Aunque algunos plantean objeciones a este enfoque, como el principio de autodeterminación humana basado en leyes democráticas, pero dichas críticas suelen caer en contradicciones, como es la tendencia a elevar derechos convencionales al estatus de absolutos: al aborto en la constitución francesa, como intenta repetir el PSOE entre nosotros, contradice aquella autodeterminación porque impediría que una ley posterior restringiera o prohibiera el aborto, estableciendo así un principio absoluto.
El derecho a la vida es un caso paradigmático de atentado a la ley natural, dado que las políticas que promueven el aborto y la eutanasia reflejan motivaciones subjetivas e intereses ideológicos que recortan aquel derecho fundamental.
El resultado de la falta de criterio basado en la ley natural en las políticas públicas tiene consecuencias desastrosas, especialmente para el capital humano de un país.
El gran desastre ignorado
Y ahora vayamos a la gran calamidad: la destrucción anual sistemática de capital humano, que es el capital más importante de una sociedad, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. El éxito de un país depende de él. Sin embargo, en España, dos fenómenos sociales destruyen este capital de manera masiva cada año, alcanzando en 2022 un impacto equivalente al 13,3 % del PIB. En algunas comunidades, como Cataluña, esta cifra asciende al 14,7 %.
Emigración de jóvenes cualificados
La emigración es el primer factor de destrucción. En los últimos años, España ha registrado una fuga importante de jóvenes altamente cualificados. En 2022, emigraron 623.239 personas; en 2021, 381.724. Entre 2019 y 2022, más de 1,5 millones de personas abandonaron el país.
De estos emigrantes, casi la mitad tenía estudios superiores (30,1 %) o secundarios postobligatorios (18,8 %). Además, un tercio tenía menos de 35 años. Esta pérdida de trabajadores jóvenes y cualificados afecta directamente a la productividad y competitividad. En términos económicos, se estima que la emigración de 2022 representó una pérdida de 150.000 millones de euros en capital humano.
El impacto del aborto
El aborto es el segundo mecanismo de destrucción masiva de capital humano. España tiene una tasa de fecundidad de 1,12 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. Es un país con una población envejecida, donde cada año mueren más personas de las que nacen, a pesar de ello, el aborto es fomentado por el gobierno y el propio Estado en una práctica suicida que no solo impide el rejuvenecimiento de la población, sino que genera un impacto económico peligroso.
En 2023, el valor anual capitalizado del aborto en términos de capital humano fue de más de 33.000 millones de euros, basado en un valor promedio de capital humano de 320.975 euros, según datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Un daño económico devastador
La combinación de emigración y abortos genera un efecto económico devastador, que equivale a un 13,3 % del PIB de España. Esto supera con creces los fondos Next Generation (FNG)EU, cuyo impacto en el PIB fue de 2,5 puntos porcentuales (35.000 millones de euros) en 2023. Solo el coste del aborto, sin considerar la emigración, liquida toda la aportación de los FNG EU. El conjunto supera todos los ingresos por turismo que representaron un 12,8 % del PIB español en 2023. Ese es el resultado terrible de unas pésimas políticas públicas.
La raíz del problema: ideología contra la ley natural
Esta pérdida no es casual. Las políticas públicas en España fomentan el aborto, penalizan a las familias con hijos y castigan a la juventud, socavando el futuro del país. Todo esto responde a una razón puramente ideológica, contraria a la ley natural, que ignora principios fundamentales como la defensa de la vida y su dignidad, una de cuyas expresiones técnicas es el capital humano.
Mientras estas tendencias continúen, el desastre que no quieren ver seguirá creciendo, con consecuencias irreparables para la sociedad española. Es urgente replantear las políticas públicas desde una perspectiva que respete los principios universales de justicia y moral inherentes a la naturaleza humana.
