Dos ciudades de España
La complejidad de la sostenibilidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, desde los puntos de vista comercial, social y económico, ha revestido características especiales a lo largo de la historia, derivadas de su condición de ciudades fronterizas terrestres con el Reino de Marruecos
El pasado martes, día 10, durante la celebración de una sesión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en las Cortes Generales, se puso de manifiesto el escaso interés de nuestro Gobierno por el bienestar de los ciudadanos de Ceuta y Melilla, dos ciudades de España.
Sobre la base de la descripción de la Seguridad Nacional en nuestra legislación como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos, se preguntó al Gobierno si la situación en Ceuta y Melilla en 2024 es mejor a la que había en 2018 en relación con ese bienestar de los ciudadanos.
La persona designada por parte del Gobierno para dar repuesta a esta pregunta fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien, inicialmente, se limitó a exponer las cifras del Ministerio del Interior sobre las tasas de reposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de detenciones de yihadistas en ambas ciudades.
Cuando se procedió a pormenorizar algunos de los incidentes registrados en los últimos años, con especial impacto en el bienestar de los ciudadanos, se limitó a manifestar que, en el ámbito de sus competencias, ella había visitado seis veces las ciudades, incluidas sus islas y peñones, que había mantenido buenas relaciones con los diferentes comandantes generales y que pensaba que ambas ciudades eran muy atractivas desde el punto de vista turístico. Recomendaba a todos los españoles visitarlas y conocerlas. Francamente decepcionante.
El relato que se expuso a la ministra incluía, entre otros muchos, los datos objetivos, bien conocidos por los ciudadanos de Ceuta y Melilla, pero sobre lo que es necesario que todos los españoles tengan conciencia, de entre los que se entresacan a continuación los más relevantes.
El 31 de julio de 2018 el Gobierno de Marruecos decidió unilateralmente cerrar la aduana comercial en la frontera internacional de Beni Enzar en la ciudad de Melilla, con el consiguiente y significativo perjuicio a la estabilidad económica de la ciudad española en los sectores comercial y del transporte internacional de mercancías.
Durante los últimos seis años, se ha sostenido la negativa por parte de Marruecos a reabrir la citada aduana comercial y se han realizado diversas pruebas para constatar la bondad de las disposiciones adoptadas por parte de los servicios aduaneros de ambos países, sin que, hasta el momento, se haya producido avance alguno en la recuperación del funcionamiento regular de dicha aduana comercial.
Paralelamente al intento de recuperación del funcionamiento de la citada aduana comercial, se ha pretendido, de igual manera, proceder a la apertura de una aduana comercial semejante en el paso fronterizo de El Tarajal en Ceuta, habiéndose llevado a cabo diferentes pruebas de gestión, sin que hasta la fecha se haya decidido, por parte de Marruecos, dar el paso para que dicha apertura sea una realidad.
Hasta el pasado día 22 de octubre, parecía que el Gobierno y el Partido Socialista compartían esta preocupación por la apertura de las aduanas comerciales en beneficio de las ciudades de Ceuta y Melilla. Ese día, en la Comisión de Asuntos Exteriores, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado votó en contra de reclamar a Marruecos la apertura de estas aduanas comerciales, actuación grave e incomprensible para ceutíes y melillenses.
En mayo de 2022, Marruecos decidió, también de manera unilateral, poner fin al régimen de viajeros para los ciudadanos marroquíes que cruzasen la frontera desde España a Marruecos en Ceuta o Melilla, requisándoles cualquier tipo de mercancía, por mínima que fuera, que hubiera podido ser adquirida en alguna de las ciudades españolas, circunstancia que no se produce en el sentido inverso para mercancías adquiridas en Marruecos e insertadas en territorio español como parte del bagaje de los viajeros, con el consiguiente perjuicio para los comerciantes españoles afincados en ambas ciudades españolas.
En mayo de 2021, Marruecos realizó una serie de actuaciones hostiles que culminaron con la invasión de alrededor de 10.000 ciudadanos marroquíes en la ciudad de Ceuta, entre los que se incluyeron muchos menores, con la colaboración expresa de agentes policiales marroquíes, que les franquearon el paso en diferentes puntos de la frontera, ajenos a los pasos fronterizos ordinarios.
En junio de 2022, se produjo el asalto masivo y violento a la frontera entre España y Marruecos en el paso fronterizo de Barrio Chino de Melilla por parte de un número de alrededor de 2.000 ciudadanos subsaharianos, como resulta del cual, las fuerzas de seguridad españolas se vieron desbordadas, teniendo que abandonar las instalaciones fronterizas del lado español que fueron invadidas por los migrantes, a los que persiguieron en su interior las fuerzas de seguridad marroquíes. Como consecuencia de aquellos hechos, se registraron un número indeterminado de fallecimientos entre los migrantes que se cifran entre los 34 y los 70, así como un número indeterminado de desaparecidos, con el consiguiente descrédito de la actuación de las autoridades españolas en este caso.
La complejidad de la sostenibilidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, desde los puntos de vista comercial, social y económico, ha revestido características especiales a lo largo de la historia, derivadas de su condición de ciudades fronterizas terrestres con el Reino de Marruecos. No obstante, en los últimos años, el Gobierno de Marruecos ha adoptado una serie de decisiones que tienen un impacto directo en las condiciones de vida de ceutíes y melillenses, que bien merecen una consideración específica.
Es preciso insistir en la necesidad de materializar de manera visible la implicación de la Administración General del Estado en la resolución de los problemas que la naturaleza fronteriza de ambas ciudades y la adopción de determinadas decisiones por parte de Marruecos tienen en el desarrollo de sus modelos de sostenibilidad comercial, económica y social. Se trata, al fin y al cabo, de nada más, pero también de nada menos, que de dos ciudades de España.
