El protocolo canario

El protocolo acordado por el Gobierno de Canarias con el PP ha provocado la reacción inmediata del Gobierno de España y de su Fiscalía. Advierten que ese protocolo pone en peligro la necesidad de inmediata acogida y protección de todo menor extranjero que llega a las Islas, menor que, por su condición de tal y su soledad, ha de considerarse desamparado siempre y sin dilación.

Incluso amenazan con llevar a los tribunales a quien siga las directrices de tal protocolo por posible vulneración de los Derechos del Niño. En líneas generales, el protocolo desplaza las funciones de la primera acogida de las ONGs a la Policía. Será esta la encargada de preguntar al menor su nombre, de dónde viene, porqué salió de su país y cuál era este y si tiene en España o en Europa algún familiar o alguien que se pueda hacer cargo de él.

A continuación, se le comunicará el lugar al que va a ser conducido. Estos datos se harán constar en el correspondiente Registro (RMENAS). Y, en caso de duda sobre su edad y por tanto sobre si procede su internamiento en centro de menores o de adultos, decidirá el Ministerio Fiscal. Este protocolo es tan respetuoso con los Derechos del Niño que lo increíble es que no se haya venido actuando de esta manera. El niño no es una res cuyo cuidado se limite a techo y comida. Tiene derecho a ser identificado con su nombre, filiación y país de origen. Tiene derecho a ser escuchado sobre sus circunstancias personales. Tiene derecho a que esos datos los maneje funcionario público y no empresas particulares. Tiene derecho a conocer el lugar al que va a ser trasladado. Y si es realmente asombroso que todo esto, que forma parte de la protección al menor no acompañado, no se haya hecho así desde el principio.