La batalla legal se hace más dura

El 47 presidente de Estados Unidos parece esquinarse cada vez más a una batalla inevitable con el poder judicial, único del sistema de contrapesos que parece hacerle frente a los excesos del mandatario.

El lunes Trump deportó a unas dos centenas de ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados a la banda terrorista «Tren de Aragua». Cinco compatriotas de estos, que no se encontraban en ese grupo, habían presentado horas antes un escrito en un Tribunal federal de Distrito para evitar su expulsión, basada en una ley muy antigua que permite al presidente botar a ciudadanos extranjeros que colaboren con la invasión enemiga del territorio.

El juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito de Columbia, le ordenó al gobierno de Trump que dejara de utilizar una ley de tiempos de guerra nada conocida, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, como pretexto para la expulsión de inmigrantes, y que de inmediato devolviera a Estados Unidos a cualquier persona que hubiera expulsado en virtud de dicha ley.

En ese momento los aviones ya se encontraban volando y en lo que pareció ser una orden verbal del magistrado, se le ordenó al Ejecutivo que regresase los aviones, cosa que no sucedió. Varios expertos avecinan una guerra frontal entre los dos poderes más importantes de la democracia estadounidense: el Ejecutivo que parece llenarse de egos y caprichos, y el Judicial que piensa defender a toda costa la justicia y la igualdad de derechos ante la ley.