España, ¿camino al cesarismo?

En mi opinión, desde sus inicios, la presidencia del socialista Pedro Sánchez ofrece numerosos e indudables casos de acuerdos –políticos y económicos– con rasgos que, inquietantemente, hacen encajar su estilo y obra de gobernanza en lo que los científicos de la política llaman cesarismo. Es decir, la personalización del poder (Voz «Dictadura», Diccionario de Política, Bobbio y Matteucci, Siglo XXI, 1982).

El sanchismo se ve retratado –como una forma de gobierno emparentada con lo que la teoría política llama dictadura moderna– cuando encontramos en la obra citada la siguiente afirmación: «La dictadura moderna no está autorizada por reglas constitucionales: se instaura de facto o de todas maneras trastorna el orden político preexistente. La extensión de su poder […] no sufre límites jurídicos» (0b. cit., 554). El sanchismo y su exhibición del poder en relación con los órganos constitucionales tienen mucho de esto último.

La radiografía política del actual líder socialista alcanza también una gran nitidez cuando acudimos a la moderna interpretación marxista de la política y del poder. «Según Gramsci, todo Gobierno fruto de una coalición entre varias fuerzas tiene un grado inicial de cesarismo que puede desarrollarse hasta alcanzar las formas más plenas, caracterizadas por la figura heroica del jefe carismático» (O. cit., 251). Por varias razones, Sánchez es hoy ese jefe carismático, un político que ejerce el poder en su partido y en su entorno sin oposición y con puño de acero, cortando las cabezas que a su interés personal o a su plan político conviniere.

Es cierto que, como señala Eduardo Haro Tecglen (Diccionario político, voz ‘Absolutismo’, Planeta, Barcelona, 1974), el absolutismo encierra un gran número de vocablos afines: autocracia, tiranía, dictadura, despotismo, cesarismo… «Bajo muy diversas formas, pues, desde las invisibles hasta las ostensibles, el absolutismo no ha cesado nunca de ejercerse […] Para los numerosos partidarios del absolutismo, la concentración de poderes sigue siendo un progreso» (Ob. cit., 31).

Al inicio de esta tribuna he hecho mención a que la labor política y de gobierno de Sánchez –y su coalición– nos ofrece numerosos casos de ejercicio cesarista, absolutista o autocrático del poder. Por de pronto, destaquemos la tibieza y distancia que el presidente del Gobierno observa en relación a la Constitución de 1978 y al significado reconciliatorio de la Transición. La anunciada Ley de Memoria Democrática es toda una enmienda al pacto constitucional de 1976-1978 y una burda e indigerible maniobra de deslegitimación del texto constitucional y de los verdaderos protagonistas de la recuperación de las libertades y la democracia. Sánchez, como Zapatero, pretende enlazar el actual sistema democrático con la legitimidad republicana de 1931, lo que es, a todas luces, algo insostenible para los historiadores y politólogos. A Sánchez le gustaría ser el presidente de la Tercera República, y como tal se comporta en cuantos actos protocolarios tiene la ocasión de opacar al Rey, al que ningunea siempre que puede, y al que deja sin defensa ante los groseros ataques de sus socios y aliados.

En este punto hay que traer a colación la querencia de Sánchez por dominar las instituciones del Estado, en particular dos que otrora brillaban por su prestigio e imparcialidad: el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, hoy mermadas en su credibilidad, muy a pesar de sus integrantes. La garra del Poder Ejecutivo, cuando se maneja interesadamente, produce esos efectos perversos en el edificio del Estado de derecho.

De otro lado, el Tribunal Constitucional (TC) ha censurado gravemente, sin ambages, trascendentales decisiones de Sánchez con motivo de la crisis pandémica. El saldo es demoledor: es inconstitucional el cierre de las Cortes Generales (presididas por una ‘alter ego’ del sanchismo, Meritxell Batet) así como las dos declaraciones del estado de alarma con las que el Gobierno recluyó, severa e inconstitucionalmente, a los españoles, imponiéndoles, además, sanciones sin respetar el principio jurídico-penal básico del Estado de derecho de tipicidad.

Dominados el Poder Ejecutivo y el Legislativo (con las dos Cámaras presididas por afines o militantes del PSOE), Sánchez dirige sus artes maquiavélicas para hacerse del tercer poder del Estado, el Poder Judicial, del que recibe frecuentes varapalos y que, a día de hoy, no lo tiene sometido. A este fin dirige ahora sus intenciones. Hizo aprobar una ignominiosa ley, de muy dudosa conformidad constitucional, la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de Marzo, por la que maniató al Consejo General del Poder Judicial en funciones (en absurdo parangón con el Gobierno en funciones) al mutilarle competencias propias reconocidas directamente por la Constitución (122 CE). Tal proceder está recibiendo una especial vigilancia de las autoridades europeas, alarmadas por el indisimulado interés gubernamental en colocar a los jueces bajo su influencia, incompatible con el principio de separación de poderes, propio del Estado de derecho, modelo de gobernanza que le identifica con la democracia iliberal.

Sin embargo, la prueba contundente del verdadero objetivo del Gobierno de hacerse con la Justicia y, con ello, reservarse un espacio amplio de impunidad y conservación de sus normas y actos más polémicos, más ideológicos, es la reciente contrarreforma judicial operada por la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de Julio. Sánchez, cuya firma aparece refrendándola, no ha dudado en devolver competencias al órgano de Gobierno de los jueces para asegurarse una composición (que él llama ‘progresista’) del TC que produzca una jurisprudencia benévola con la acción del Poder Ejecutivo y rechace impugnaciones que obstaculizarían sus designios para el pueblo español (el muy alarmante lema «Gobernar para transformar»). Esta concentración de poder en una sola mano es, para mí, cesarismo. Y absolutismo para el maestro García de Enterría.

• José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo y presidente del Foro para la Concordia Civil