Dos clarisas de Belorado muestran sus célebres chocolates
Las monjas de Belorado se enrocan y «manifiestan su nula intención» de dialogar
Llaman a la Guardia Civil para que expulsen del monasterio a las personas enviadas por monseñor Iceta con el fin de buscar una solución
Las clarisas de Belorado (Burgos) echan más leña al fuego mostrando «gestos de hostilidad» hacia el Comisario Pontificio encargado de resolver el problema (el arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta) y su «nula intención de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo».
Es la conclusión del arzobispado de Burgos recogida en un comunicado enviado a los medios tras la infructuosa visita que hicieron ayer al monasterio sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu; Rodrigo Saiz, apoderado del Comisario Pontificio, y Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico. También les acompañaba una notario, María Rosario Garrido, para levantar acta de lo que allí ocurriera.
Y lo que ocurrió fue que, «tras ser atendidos por sor Belén en el torno y después por sor Sion en el locutorio, y pedir una entrevista con la exabadesa sor Isabel, ésta ha transmitido a través de sor Belén que, excepto la notario, los demás 'no eran bien recibidos' en el monasterio y que deberían abandonarlo, requiriendo la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en el caso de negarse», prosigue la nota difundida por el arzobispado.
La notario sí fue admitida
La notario fue «invitada a entrar en otra estancia interior y allí hace entrega de los requerimientos pertinentes, tanto civiles como canónicos» a las monjas rebeldes, pero «sor Carmen Ruiz y don Carlos Azcona deciden esperar fuera del monasterio». No hizo lo mismo el apoderado del Comisario Pontificio, Rodrigo Saiz, que aguardó «en el interior a la llegada de la patrulla de la Guardia Civil, haciendo valer el derecho que le asiste como apoderado».
Una vez se personaron los agentes, «don Rodrigo se identifica y muestra la documentación que le acredita como apoderado», para después abandonar el monasterio «por su propia voluntad».
Este suceso, junto a «la denuncia contra el Comisario Pontificio ante la Policía Nacional en Logroño y su posterior ratificación ante los juzgados de Burgos» han sido interpretados por el arzobispado como «gestos de hostilidad». Pese a ello, «el Comisario Pontificio mantiene su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución», aunque las religiosas no parecen estar dispuestas a cesar en su actitud.
