El patético silencio sobre Nicaragua

¡Cuánto ha tardado en mostrar su verdadera cara Daniel Ortega! La costumbre de los dictadores es mostrar inmediatamente que su revolución tiene que erradicar inmediatamente cualquier oposición a su régimen… Ortega mostró al principio cierta astucia que hizo pensar al mundo en la legitimidad de la revolución, respetando a la Iglesia y a ciertas instituciones civiles y empresas que no se adhirieron en un principio al proceso, pero a medida que se fue instalando en el poder, fue poco a poco diezmando opositores y antagonistas, incluso de entre de sus propios correligionarios, hasta convertirlo en una de las autocracias más autoritarias del planeta. El último estertor consiste en acorralar a la Iglesia, la última oposición que le queda a su cortijo orteguiano, contra el paredón. Tras encarcelar sacerdotes y obispos y exiliar a los que estorbaban o ponían en crisis su omnipotencia, o la de su mujer actual, el siguiente paso ha sido descabezar los centros de librepensamiento católico. El 7 de marzo echó el cerrojo de dos universidades ligadas a la Iglesia católica. El motivo ficticio para privarlas de legitimidad académica-jurídica es porque, según alega el régimen, «incumplen» determinadas leyes. El ministerio del Interior publicó en el diario oficialista La Gaceta el cierre de la Universidad Juan Pablo II, con sede en Managua y en otras cuatro ciudades de Nicaragua, y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), con sede en León y otras cinco ciudades.

El cierre fue ejecutado por decreto, como se hace siempre en este tipo de políticas totalitarias: «por estar en incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan», sin especificar qué leyes, ni qué incumplimientos, más que el haberse opuesto a un control abusivo de su funcionamiento interno, que a lo sumo hubiera supuesto una inspección técnica rutinaria. Según la resolución firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, ambas universidades «han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro» del Ministerio.

Los alumnos serán matriculados por decreto en otras universidades y sus bienes serán embargados por el Estado y dedicados al uso que este quiere darles, según el reglamento de la Ley 1115 sobre organismos sin fines de lucro.

Las autoridades de las dos universidades tendrán que entregar al Consejo Nacional de Universidades (CNU) toda la «información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones (Registro Académico)». Ciertamente que disimula el hecho de la persecución anticlerical descarada y totalitaria el que haya hecho lo mismo con una serie de empresas privadas, pero con esto lo único que ratifica es lo ya dicho: la dictadura enseña los dientes y se muestra implacable con todo aquél que no se somete.