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El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis ArgüelloEduardo Parra/Europa Press

El presidente de los obispos, en contra de que los sentimientos religiosos ya no sean «bien jurídico protegido»

«Los sentimientos han sido elevados a categoría jurídica, por ejemplo, para poder cambiar de sexo», asevera Luis Argüello, arzobispo de Valladolid

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, también arzobispo de Valladolid, se ha pronunciado sobre el plan de regeneración democrática aprobado en el Consejo de Ministros este martes 17 de septiembre. En el mismo se contempla derogar los delitos contra los sentimientos religiosos, algo que Argüello ha lamentado. «Dejan de ser un bien jurídico protegido», ha aseverado en su cuenta de X.

No ha habido pronunciamiento oficial por parte de la Conferencia Episcopal, pero por su parte el presidente considera que existe un «ambiente de elogio legal de las emociones» del que los sentimientos religiosos han quedado excluidos. Lo contextualiza con estas palabras: «Los sentimientos han sido elevados a categoría jurídica, por ejemplo, para poder cambiar de sexo; cada vez más expresiones son consideradas delitos de odio».

Hasta el momento, Luis Argüello ha sido el único miembro del episcopado español que se ha pronunciado sobre el plan del Ejecutivo de eliminar el delito contra los sentimientos religiosos. Por otro lado, organizaciones laicales como el Observatorio para la Libertad Religiosa también se han mostrado en contra de la medida. «Va a salir completamente gratis mofarse» de quienes practican una religión, aseguran. Su presidenta, María García, denuncia igualmente que «los creyentes con ciudadanos de segunda con menos derechos. La libertad religiosa es el único derecho fundamental en el que se pone en duda la persecución de delitos contra ella», apunta.

Recuerdan también que 21 de los 27 estados miembros de la Unión Europea protegen legalmente la libertad religiosa, a excepción de Irlanda, Suecia, Estonia, Francia, República Checa y Croacia, y sancionan las ofensas a los sentimientos religiosos. Así, argumentan que España se «desvía de la protección legal de la mayoría de los países de la Unión Europea».

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